La Corte Suprema de Justicia (CSJ) enfrenta apuros económicos para el nombramiento de personal, compra de equipos y logística para adelantar las investigaciones contra el expresidente Ricardo Martinelli.
Por el momento, la única oficina habilitada es la del magistrado Oydén Ortega, quien está a cargo del expediente por el caso de la comida deshidratada, en el que se vincula al exgobernante.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) enfrenta apuros económicos para la logística, el nombramiento de personal y la compra de equipos necesarios en los procesos que se le siguen en esa institución al expresidente Ricardo Martinelli y a por lo menos seis diputados de la Asamblea Nacional, según los estándares exigidos por el sistema penal acusatorio.
Así lo confirmó el magistrado de la CSJ Harry Díaz, quien es el ponente en ocho denuncias interpuestas contra Martinelli por la supuesta comisión de delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, tras las escuchas ilegales en su gobierno (2009–2014).
Según Díaz, el Órgano Judicial tiene “una capacidad limitada”, ya que trabaja con ahorros mínimos. Por ello, dijo que necesitarán más fondos y personal para atender los nuevos casos.
De acuerdo con el magistrado, ya tienen personal para el proceso que se le sigue al exgobernante por la presunta comisión de delitos contra la administración pública en el caso de la compra –supuestamente irregular– de comida deshidratada a través del Programa de Ayuda Nacional.
También disponen de los asistentes necesarios en el caso de que se admita el conocimiento de las denuncias contra Martinelli por los pinchazos, decisión que está pendiente en el Pleno.
Sin embargo, aclaró que para los demás procesos no tienen los recursos básicos.
Díaz precisó que para tramitar estos expedientes se necesita una oficina independiente al despacho que analiza los casos que regularmente llegan al Pleno de la Corte (amparos de garantías, demandas de inconstitucionalidad, hábeas corpus, hábeas data, entre otros).
A la vez, detalló que los magistrados a quienes se les asigna el trabajo de fiscal o de jueces de garantías en estos procesos no pueden sacar personal de sus despachos para realizar otra investigación si no están especializados en ese tema.
El Ministerio Público anunció la semana pasada que enviaría a la CSJ los señalamientos hechos por el empresario Cristóbal Salerno contra Martinelli.
Salerno, investigado en el caso de supuestos ilícitos en el cobro de impuestos morosos por parte de la empresa Cobranzas del Istmo, S.A. dijo en su declaración indagatoria ante la Fiscalía Cuarta Anticorrupción que el exmandatario le pedía dinero cada dos y tres meses y que él mismo se lo llevaba “en un bolso” a su oficina de Monte Oscuro”.
Este sería el tercer expediente relacionado con el exmandatario enviado a la Corte en los últimos meses.
El magistrado Oydén Ortega lleva el caso de la comida deshidratada y habilitó un despacho para que funcione como fiscalía, al tiempo que el Ministerio Público le nombró personal para las pesquisas.
En el caso de los pinchazos, Díaz tiene el personal, pero no espacio físico.
El Pleno de la CSJ tramita otras cinco denuncias contra Martinelli por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública, abuso de autoridad, sustracción de documentos, extralimitación de funciones y usurpación de funciones.
Este diario buscó la versión del presidente de la CSJ, José Ayú Prado, pero no respondió.