Cataluña se situó ante el peor escenario posible. Tras una intensa jornada llena de reproches, rumores cruzados, cambios de última hora en las comparecencias políticas previstas y negociaciones frustradas entre las partes, el presidente del Gobierno de Cataluña, Carles Puigdemont, abrió la puerta a la declaración unilateral de independencia tras descartar convocar elecciones en la región.
“En estas últimas horas, antes de que expire mi potestad para convocar elecciones como resultado de la entrada en vigor de las propuestas del Gobierno español en la aplicación del artículo 155, he considerado la posibilidad de ejercerla y convocar elecciones”, explicó. Y a continuación -tras una pausa que sonó eterna ante los miles de personas que en toda España lo escuchaban- afirmó que era “imposible” porque no podía aceptar las medidas anunciadas por el Gobierno central. “No se da ninguna garantía que justifique hoy la convocatoria de elecciones al parlamento”, aseguró.
De esta manera, Puigdemont invirtió las previsiones políticas en tan solo unas horas. Por la mañana, estaba predispuesto a poner las urnas por delante para que los catalanes votaran su futuro. Por la tarde cambió el guion y dejó en manos del Parlamento -que tiene mayoría independentista con 71 diputados- la decisión de cómo reaccionar ante la intervención por parte del Gobierno central de todas las competencias autonómicas. “Corresponde al Parlamento catalán seguir con el mensaje que resultó del 1 de octubre”, advirtió Puigdemont.
El experto en Ciencias Políticas, David Redoli, explicó que en este cambio de posición influyeron las consecuencias penales que se derivarían para Puigdemont si declarase la independencia. “Si la declaraba él directamente habría incurrido en un delito de sedición que el Código Penal español castiga con hasta 15 años de cárcel”, recordó.
Otros expertos apuntaron a que sobre el tablero de la negociación lo que más ha pesado fue, precisamente, la aplicación de artículo 155. Mariano Rajoy predispuso el pasado sábado poner en marcha esta prerrogativa constitucional en su versión más dura, que le permitirá obtener plenos poderes en Cataluña. Se intervendrán todas las funciones de la autonomía -a través de la creación de un órgano específico o desde los ministerios- y se asumirá el control de los medios de comunicación públicos, como la influyente TV3 y las fuerzas policiales de la región, los Mossos d’Esquadra.
La teoría está clara, pero su ejecución no tanto. “La aplicación del 155 es muy complicada, sino casi imposible. El Estado dentro de Cataluña es inmenso. Son 200 mil funcionarios e intervenirlo no es nada fácil”, explica la periodista Monserrat Domínguez, que dirige la edición española del Huffington Post.
Tiempos muertos y treguas, pero nada de acuerdos. Así, sin concordia y con mucha desconfianza mutua, ha avanzado la crisis institucional de Cataluña. Mientras tanto, la movilización popular continúa día tras día en las calles. Miles de estudiantes universitarios se manifestaron ayer jueves por las calles de Barcelona en contra la aplicación del artículo 155.
El delegado de la Generalitat de Cataluña en Madrid, Ferran Mascarell i Canalda, definió en declaraciones a la cadena SER como un “fracaso” del Gobierno central no haber encontrado mecanismos dentro de los preceptos legales para que los catalanes de la línea independentista se sientan cómodos. “No ha habido voluntad política para entender por qué ha nacido este movimiento social. La política no está desatando este nudo, sino que lo está atando mucho más”, señaló.
Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno central, Soraya Sáenz de Santamaría, recriminó a Puigdemont, que desde el pasado sábado -cuando el ejecutivo de España puso en pie la aplicación del artículo 155- no ha pasado “nada relevante”, salvo “ruido”. “Desde entonces no ha habido más que ruido, solo ruido, y no lo ha provocado este gobierno, que ha estado en su sitio y seguirá estándolo”, dijo, asegurando que el Gobierno de Cataluña nunca ha estado verdaderamente dispuesto a dialogar.
Si no hay cambios, hoy viernes podría convertirse en la jornada más vertiginosa en la historia política reciente en España. Prácticamente a la misma hora, el Senado aprobará la medida extraordinaria e inédita del 155, mientras que, de forma paralela, el Parlamento de Cataluña aprobará la declaración de independencia. Un choque de potencias que ahora parece imparable.