La Fundación Baltasar Garzón (Fibgar) solicitó la semana pasada ser parte en el proceso que adelanta la Audiencia Nacional de España por el presunto pago de sobornos de la empresa española FCC en Panamá.
La solicitud debe ser aprobada por la fiscal a cargo de las investigaciones en España, por lo que la Fundación declinó hacer comentarios a la espera de ser aprobada su petición.
La ONG pretende que, además de las catorce personas imputadas en España, el expresidente panameño Ricardo Martinelli también sea investigado en el caso que se investiga en ese país.
Fibgar, que tiene entre sus objetivos la lucha contra la impunidad a nivel internacional en casos de corrupción y crimen organizado, está dirigida por el ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
Martinelli dijo en Twitter el lunes que sus “enemigos usan sus contactos internacionales para que un payaso español meta denuncia temeraria basado en un refrito de noticias de La Prensa”.
Fundación Garzón querella a Ricardo Martinelli en España
La Fundación Baltasar Garzón (Fibgar) ha solicitado ser parte del proceso que adelanta la Audiencia Nacional de España por el posible pago de coimas en Panamá por parte de la constructora FCC, se reportó ayer.
Fibgar, que tiene entre sus objetivos la lucha contra la impunidad a nivel internacional en casos de corrupción y crimen organizado, presentó el 28 de septiembre pasado una querella contra el expresidente Ricardo Martinelli para que este sea incluido en el proceso que por blanqueo de capitales y corrupción se sigue actualmente en las cortes españolas.
En el proceso que se adelanta en Madrid hay ya 14 personas imputadas. En Panamá hay dos procesos relacionados con FCC en los que se ha imputado a otra veintena de exfuncionarios y presuntos testaferros. Hasta la fecha, ni en España ni en Panamá, el expresidente ha sido imputado.
Un comunicado emitido por Fibgar informó ayer en la tarde que la fundación solicita “personarse como acusación popular en la investigación judicial que se sigue en España contra FCC”, y en las cuales hay ya confesiones de exdirectivos y movimientos bancarios que apuntan hacia el expresidente y sus hijos.
El exgobernante panameño ya había advertido sobre la existencia de la acción judicial. “Empezó campaña sucia en mi contra”, dijo en su cuenta de Twitter la noche del pasado lunes. “Mis enemigos usan sus contactos internacionales para que un payaso español meta denuncia temeraria basado en un refrito de noticias de 'La Prensa”. Luego amenazó con demandar “civil y penalmente, aquí y allá”.
Martinelli ha presentado decenas de demandas penales y civiles contra periodistas, medios de comunicación, fiscales. Incluso, intentó secuestrar bienes de la exprocuradora general de la Nación Kenia Porcell.
Según la Fiscalía Anticorrupción española, el sistema de corrupción utilizado en este caso consistió en aumentar en un 10% el va lor real las obras adjudicadas a FCC y en sobredimensionar el suministro de acero, presuntamente facturado al doble de su precio, con el objetivo de desviar fondos al pago de sobornos a funcionarios y políticos panameños, “a través de sociedades pantallas y un circuito de cuentas bancarias”.
El Juzgado Central de Instrucción No. 2 de Madrid –que es el que investiga el caso en España– ha dado traslado de la querella presentada por Fibgar al Ministerio Fiscal, a fin de que la fiscal del caso se pronuncie sobre la admisión o no de la acusación popular en contra del exgobernante.
La Fundación ha declinado dar cualquier comentario adicional hasta tanto sea admitida la acusación popular por el juez de la causa.
De ser admitida, la ONG –que dirige el afamado exjuez español– se sumaría a las acusaciones ya existentes en el procedimiento, en las que se investiga también a personas y sociedades que puedan aparecer como responsables criminalmente por los delitos de corrupción y blanqueo de capitales cometidos en territorio español.