El Ejecutivo presentó de forma virtual ante el pleno de la Asamblea Nacional (AN) un proyecto de ley para modificar el Código de la Familia, el Código Procesal Penal y la Ley 69 de 2007, con miras a garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes.
La ministra de Gobierno, Janaina Tewaney Mencomo, quien presentó ante la AN la iniciativa, afirmó que esta ratifica el compromiso del Gobierno con los niños, niñas y adolescentes del país, pues establece la titularidad de sus derechos y estipula medidas para la prevención, protección y sanción de conductas que afecten su libre proceso de formación y de desarrollo biopsicosocial.
El proyecto –que según el Ejecutivo cumple la acción No. 87 del plan de Gobierno–, plantea, entre otros cambios, agilizar las audiencias cuando se trate de delitos de abuso a menores y que estas sean reservadas.
Asimismo, incorpora cambios al Certificado de Información de Antecedentes Personales –regido de acuerdo con la Ley 69 de 2007, que crea la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional–, para que ahora incluya la información de sentencias condenatorias por delitos contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes y que establezcan como pena accesoria la inhabilitación para el ejercicio de cargos, oficios o profesiones que atiendan a personas menores de edad.
La ministra precisó que con esta norma también se pretende crear un proceso especial de protección a los niños niñas y adolescentes víctimas de delitos o por incumplimiento familiar, por lo que se incorpora en la legislación penal el concepto de “indemnidad sexual” como parte de los delitos contra la integridad sexual de los menores.
La funcionaria lo explicó así: “Dada la especial dimensión del bien jurídico a ser protegido con esta nueva óptica, las circunstancias agravantes con las conductas punibles básicas se perfilan ahora bajo un esquema de delitos autóctonos y circunstanciados, lo que se disocia de la clásica interpretación de los delitos de abuso sexual y de su diferentes modalidades contra menores, que se configuran mayoritariamente como circunstanciales por la calidad de la víctima”.
En palabras más simples, los delitos sexuales contra menores no serán ahora un agravante de los delitos sexuales contra los adultos, sino un tipo penal autónomo, explicó el doctor en derecho Rodrigo Noriega.
Para lo anterior, el proyecto de ley propone la subrogación del título tercero, libro segundo del Código Penal –inherente a los delitos contra la libertad e integridad sexual– con excepción de los tipos penales básicos en los que las víctimas son adultos.
También se adiciona dentro del Código Procesal Penal el interés superior del menor como un nuevo principio rector del sistema penal aleatorio.
De igual forma, el Estado reconocerá a los niños, niñas y adolescentes su derecho a ser asistidos por un defensor de menores durante todas las etapas del proceso judicial, y en la ley se procura que la oficina judicial les de prelación al momento de fijar la fecha de audiencias.
Respecto a estas, como se dijo, el proyecto propone que toda audiencia en la que la víctima sea un menor de edad se realice en total reserva y que su testimonio sea practicado a través del mecanismo de producción anticipada, a fin de evitar el fenómeno de revictimización.
La propuesta fue presentada un mes y medio después de que el presidente Laurentino Cortizo pidió a su gabinete presentar un proyecto de ley para aumentar las penas contra los abusos a menores; y en medio del escándalo de los abusos contra niños, niñas y adolescentes en albergues.
Reacciones
El presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, dijo que se considera la “indemnidad sexual” porque muchas veces los casos de estos delitos contra menores tienen dificultades probatorias para llegar a condenas. Es por eso, precisó, que la elaboración de conceptos amplios en torno a cualquier tipo de perturbación en el desarrollo sexual de un menor permitirá que el sistema de justicia no se quede sin respuestas frente a esos casos.
“Esta conducta descrita como delito permite reconocer a la justicia que nadie puede interferir en el desarrollo del menor y una herramienta para preservar su valor en nuestro país”, precisó.
Respecto a la propuesta de que se incluyan las condenas por delitos sexuales contra menores en la certificación de antecedentes personales, dijo que en la actualidad estas conductas son muy cerradas. Y en casos como los de los albergues, hay muchos relatos difusos que exponen debilidades de legislación, opinó.
A su vez, el diputado independiente Juan Diego Vásquez, que presidió una subcomisión de la Comisión de Gobierno que trabajó en una serie de cambios para los códigos penal y procesal penal, dijo que ni el Ministerio de Desarrollo Social ni el de Gobierno hicieron propuestas al respecto y ahora presentan este proyecto. A su juicio, el Ejecutivo está haciendo algo por cumplir. “Todo es al paso y al apuro”, afirmó.
