Las acciones de corrupción hay que señalarlas, denunciarlas, castigarlas y aislarlas. Así lo planteó en su informe semanal la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) a propósito del Día Internacional contra la Corrupción (9 de diciembre) y el Día de los Derechos Humanos (10 de diciembre).
El gremio empresarial, dirigido por Jose Ramón Icaza, sustentó que siendo este un vejamen que cercena los derechos de todos –gobiernos, entidades multilaterales, sector privado, medios de comunicación y ciudadanos en general– nuestro deber es condenarla sin importar de dónde venga.
Su llamado coincide con el del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, en el sentido de que “cambiar el rumbo contra la corrupción es esencial si queremos alcanzar los ODS [Objetivos de Desarrollo Sostenible], promover la paz y proteger los derechos humanos.”
Y eso, según la CCIAP, comienza por instituciones robustas que penalicen y tengan un alcance real sobre los corruptos, y exigir rendición de cuentas, integridad y transparencia tanto de los funcionarios como del sistema en general. “En la esfera delictiva, donde hay un corrupto, hay un corruptor, por lo que ambos deben ser condenados y aislados socialmente”, agrega.
Cálculos del Fondo Monetario Internacional detallan que la corrupción cuesta al menos un 2% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial.
En Panamá, según estimaciones divulgadas la semana pasada por el diputado independiente, Gabriel Silva, se pierden más de 500 millones de dólares anuales por corrupción.
Silva señaló que la bancada legislativa independiente de la Asamblea Nacional ha presentado más de una decena de proyectos de ley anticorrupción que tocan temas como conflicto de interés, carrera administrativa, declaración jurada de bienes y no prescripción de este tipo de delitos, pero no han avanzado.
