Una revisión del Tratado de Extradición entre Estados Unidos y la República de Guatemala de 1903, y la Ley Reguladora del Procedimiento de Extradición en Guatemala, del año 2008, aclara el panorama de la hoja de ruta de la posible extradición a Estados Unidos de los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares.
Según las normas jurídicas citadas, el Ministerio Público (MP) guatemalteco adelantará la solicitud de extradición ante el poder judicial de dicho país, con reglas similares a las del sistema penal acusatorio panameño. El MP guatemalteco debe recibir la solicitud formal de Estados Unidos para hacer la debida presentación ante la justicia. El proceso de extradición en Guatemala solo tiene dos instancias: la primera, ante un tribunal ordinario; y la segunda, ante una sala de la Corte Suprema de Justicia.
Si las personas solicitadas en extradición se acogen voluntariamente a esta, el proceso se acaba inmediatamente y se realiza la entrega al país solicitante. De lo contrario, pueden permanecer detenidos por el periodo necesario para que se lleve a efecto todo el proceso de extradición, incluyendo la apelación y cualquier recurso de tutela constitucional.
En caso de que Panamá solicitara ahora a Guatemala en extradición a los hijos del expresidente de la República , para atender las causas penales abiertas en este país, tanto el Tratado de Extradición como la legislación guatemalteca establecen que el primer país en solicitarlos tendría la preferencia.
Sin estar presentes en el territorio panameño, la justicia local les concedió fianza para evitar su detención a ambos hermanos. Estas fianzas fueron concedidas a pesar de que no tenían imputación alguna, requisito exigido en la ley panameña para el otorgamiento de una fianza penal. Esto habría causado que se retirara la alerta roja de Interpol, que implicaba la detención internacional de los jóvenes. Al no existir una solicitud panameña, esto le abrió el camino a la petición estadounidense.
