El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tramita al menos seis recursos de habeas corpus preventivos dentro de la investigación de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, por presunto blanqueo de capitales en las transacciones para la compra de Editora Panamá América, S.A. (Epasa), posiblemente con fondos públicos, caso conocido como New Business.
En reparto celebrado el pasado 5 de julio, en la Secretaría de la CSJ se asignó al despacho del magistrado Oydén Ortega el recurso de habeas corpus preventivo presentado por el abogado Aris Pérez Gallardo a favor del exvicepresidente Felipe Pipo Virzi, Gabriel Btesh, David Ochy, Riccardo Francolini, Ramón Carretero, Jack Btesh, Mike Btesh, Aaron Mizrachi, Nicolás Corcione, Danny Cohen, Moussa Levy y Henri Mizrachi.
El pasado 30 de junio a Ortega también le correspondió un recurso de habeas corpus preventivo presentado por la firma José María Castillo y Asociados a favor de Danny Cohen.
El magistrado Cecilio Cedalise deberá resolver dos recursos de esta índole presentados por el abogado Rosendo Miranda y la firma José María Castillo y Asociados, a favor de Gonzalo Germán Gómez Wong y Mike Btesh, respectivamente.
En tanto, en el despacho del magistrado Hernán De León se encuentra otro recurso de habeas corpus preventivo promovido por el abogado Ernesto Mora Valiente a favor del exvicepresidente Virzi; mientras que a la magistrada Ángela Russo le corresponderá resolver un habeas corpus preventivo promovido por la firma José María Castillo y Asociados a favor de Gabriel Btesh.
Fuentes del Órgano Judicial informaron que solo el habeas corpus preventivo presentado a favor de Germán Gómez Wong cuenta con un proyecto de fallo gestionado por el magistrado Cedalise. El proyecto de fallo se encuentra en lectura simultánea por el resto de los magistrados que componen el pleno de la Corte.
Los restantes habeas corpus preventivos presentados se encuentran por resolver. Se informó que el pasado lunes la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada se encontraba en el proceso de sacar copias a los 27 tomos de la investigación para enviarlos a la Corte Suprema de Justicia.
Por este caso, el Ministerio Público formuló cargos a 15 personas jurídicas (sociedades), 2 naturales y a 1 firma de abogados.