Las personas que cometan o inciten a fraguar actos de vandalismo podrían recibir penas que van de 7 a 10 años de prisión.
Este es el corazón del proyecto de ley que busca modificar el Código Penal para, precisamente, tipificar el vandalismo como delito y fijar sus respectivas sanciones, propuesta que llegó ayer al pleno de la Asamblea Nacional de la mano del ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino.
El documento dispone sanciones para “aquellas personas que aprovechándose de un estado de emergencia nacional, desastre natural, protesta, movilizaciones de carácter público, u otro acto de perturbación interna, amenacen la paz social y el orden público”.
Pino, quien al momento de sustentar el proyecto en el pleno legislativo tuvo que hacer dos pausas debido a que los diputados no le estaban prestando atención, explicó que serán procesados penalmente las personas que inciten actos de vandalismo que, según explicó, consiste en la destrucción de inmuebles o de la propiedad pública o privada.
“Se requiere tipificar como delito estas conductas, ya que ocasionan una grave alteración social”, agregó Pino, responsable del plan Protégete Panamá, que ejecuta la fuerza pública por estos días, en medio de la emergencia nacional por el Covid-19.
La noche de Curundú
En el pleno, Pino recordó el saqueo que se registró en una abarrotería en Curundú durante la noche del pasado 28 de marzo.
Incidentes similares sucedieron por esos días en los sectores de Santa Marta, en el distrito de San Miguelito, al igual que en Tocumen, Río Abajo, Alcalde Díaz y Juan Díaz, en la capital.
El ministro destacó que en estos actos no sólo se evidencian los hurtos, sino también la destrucción de propiedades y se promueve el caos colectivo.
El artículo 17 de la Constitución establece lo siguiente: “las autoridades de la República están instituidas para proteger la vida y la honra y bienes de los nacionales donde quiera que se encuentren, así como la seguridad de los derechos y deberes individuales y hacer cumplir la Constitución y la ley'.
Se oponen
Todo indica que la propuesta del Ejecutivo no tendrá el camino fácil en el Legislativo, pues hay diputados que se oponen a que los actos de vandalismos y saqueos entren en la lista de delitos. Entre ellos, Mariano López, Jairo Bolota Salazar y Crispiano Adames, todos del Partido Revolucionario Democrático (PRD), al que pertenece el presidente Laurentino Cortizo.
Estos diputados fueron los principales detractores de una propuesta similar presentada por su copartidaria Kayra Harding.
Con retórica de combate, coincidieron en que una ley de ese tipo afecta “al pueblo”.
“¿Cómo tú vas a proponer una ley de saqueo si no les ha dado la respuesta con un bono solidario a la gente?”, dijo López en el pleno. “Le pido a los colosenses y a los panameños que mantengan la calma... No es que estemos a favor de los saqueos”, añadió.
Mientras, Bolota Salazar argumentó: “en lo personal, no voy a votar a favor de esta ley, que es complicada y pone en riesgo a nuestra gente, y no es que estemos a favor de esa gente que está saqueando…”
Procesos
Hasta el pasado 13 de abril, al menos 25 personas habían sido imputadas por la presunta comisión de delitos como incitar saqueos, propagar el nuevo coronavirus y falsificar los salvoconductos que entrega el Gobierno como excepción para circular en medio de la cuarentena obligatoria.
Uno de los artículos en los que los jueces de garantías del sistema penal acusatorio se amparan es el 308 del Código Penal, que establece hasta 15 años de cárcel para quienes propaguen una enfermedad peligrosa.