Una propuesta de ley presentada en la Asamblea Nacional hace 10 días dejaría sin protección a inmuebles y conjuntos monumentales que guardan gran parte de la valiosa historia de Colón.
Se trata del anteproyecto de ley 42 presentado el pasado 19 de julio por el diputado panameñista Pedro Torres, que modifica la Ley 47 del 8 de agosto de 2002, la cual declara conjunto monumental histórico el Casco Antiguo de la ciudad de Colón.
La presentación de esta iniciativa de ley coincide con las amenazas emitidas esta semana por el alcalde de Colón, Alex Lee, y el diputado Jairo Salazar, ambos del Partido Revolucionario Democrático (PRD), sobre demoler un caserón del centro histórico de esa provincia cada semana. De hecho, el martes derribaron la casa Maal, a pesar que entidades como el Ministerio de Cultura informaron que no estaban al tanto de la acción ejecutada por ambos.
Los argumentos
En la sustentación de motivos de su anteproyecto, Torres subraya que algunas edificaciones dentro de lo declarado como monumentos históricos son una amenaza a la seguridad de la población que vive alrededor de los mismos, por lo tanto, es necesario poder conseguir una solución para evitar “desgracias a futuro”, en las que pueda estar comprometida la vida de los ciudadanos colonenses.
El diputado usó como ejemplo la Casa Wilcox, inmueble histórico amparado por la Ley 47 de 2002 y por la Ley 91 de 22 de diciembre de 1976, que establece que los monumentos solo pueden ser sometidos a procesos de “consolidación, conservación y restauración”; no obstante, resaltó que la misma es un “peligro” para todos los ciudadanos que viven en la provincia, ya que el edificio está en condiciones que puede ocasionar un derrumbe, otro incendio o, peor aún, acabar con la vida de algún ciudadano.
“Su condición ya no está para las acciones contempladas en la ley”, argumentó el diputado, quien agregó que al igual que la casa Wilcox, existen otras edificaciones, como el edificio multifamiliar Las Cuatro Potencias, que pueden acarrear algún tipo de desgracia.
“Siendo la provincia de Colón un centro de comercio, con un auge de prosperidad económica, se ha visto afectado por decisiones de diferentes administraciones y por una ley de patrimonio histórico que no es amigable para la inversión de la provincia”, planteó Torres.
Los cambios y rechazo
El anteproyecto presentado por Torres eliminaría la declaratoria de patrimonio a cinco inmuebles y cuatro conjuntos de edificaciones. Ellos son la casa Wilcox, Union Church, antiguo Hospital Amador Guerrero (Paseo Gorgas), casa Aminta Meléndez y estadio Roberto Mariano Bula.
Igualmente, pierden su protección el conjunto urbano entre calle 8 y calle 11, y el conjunto entre calle 10 y calle 13, así como el colegio Abel Bravo y el edificio Las Cuatro Potencias.
Ya la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) se pronunció al respecto y manifestó estar en desacuerdo con esta propuesta de ley por “no tener justificaciones científicas, ni históricas”.
De hecho, Joel Ceras, arquitecto y parte de la SPIA en Colón, subrayó que nunca se ha aprobado una ley que desproteja monumentos históricos en el país y que normalmente se crean normativas para agregar nuevos monumentos históricos.
“Es extraño que al mismo tiempo que se maneje la presentación de este proyecto, por otro lado haya esta presión por parte de políticos para derribar esos mismos inmuebles”, dijo Ceras.
El arquitecto, en ese contexto, manifestó que inmuebles como la casa Wilcox, el antiguo hospital Amador Guerrero y Union Church representan un gran valor histórico para la provincia, por lo cual no entiende las razones de dejarlos sin protección patrimonial.
Para la SPIA, la Ley 47 de 2002, que declara conjunto monumental el Casco Antiguo de la ciudad de Colón, es el marco legal para preservar la gran riqueza histórica y cultural de esta importante región del país, por lo que es un error pensar que dicha ley es la que ha detenido su desarrollo.
“Es cierto que es necesario mejorar la inversión para restauración, lograr incentivos, mejorar los tiempos y trámites en la construcción. Sin embargo, las autoridades locales no pueden dar cabida a las improvisaciones de las demoliciones”, indica esta organización.
Se consultó ayer al diputado panameñista y dijo que no sabe por qué la SPIA tiene una posición tan firme con el tema de la restauración, sin valorar la inquietud del colonense y las vidas que ya se han perdido por empeñarse en proteger un patrimonio destruido.
“Me gustaría entender realmente de que lado está la SPIA, si es defender el patrimonio histórico o favorecer a las empresas que se podrían llevar esas millonarias concesiones de restauración”, puntualizó.
Se intentó obtener la posición del Ministerio de Cultura, pero no hubo respuesta al cierre de la edición.
