Eduardo Burgos, embajador de Colombia en Panamá, aseguró que la reforma tributaria que impulsaba el presidente Iván Duque “no fue un invento improvisado”, y reconoció que probablemente hubo falta de comunicación.
Las principales ciudades de Colombia han sido escenarios en las últimas dos semanas de protestas que desafiaron las medidas sanitarias contra la Covid-19 y que han dejado, al menos, 27 muertos, la mayoría jóvenes.
La ola de protestas obligó a Duque a retirar el proyecto de reforma del Congreso y a convocar a un diálogo con los sectores que promueven el paro. Pero las protestas no pararon, ni siquiera por la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.
Burgos dice que hay tener en cuenta que el proyecto iba dirigido, entre otras cosas, a sostener los programas sociales implementados durante la pandemia: “No fue un invento improvisado, eso nació como consecuencia de una crisis fiscal, que tienen todos los países del mundo”.
La propuesta incluía un aumento de los impuestos sobre la renta y productos básicos, a fin de obtener recursos y evitar el creciente aumento de la deuda pública. Pero los críticos señalan que la solución al incremento de los gastos no debía recaer en la clase media.
Los enfrentamientos entre civiles y policías se han mantenido, lo que da pie a Burgos para hacerse la siguiente pregunta: “¿Por qué, si el motivo de la protesta social eran las reformas y estas se retiraron de manera concertada, siguen los actos ‘terroristas?”.
Un informe de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo reporta denuncias de 548 personas desaparecidas, de las cuales, 189 han sido ubicadas, mientras que 359 casos continúan en proceso de verificación.
La oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia ha pedido que se respete el derecho a la reunión pacífica y la protesta, mientras que Human Rights Watch denunció el uso de vehículos capaces de lanzar indiscriminadamente numerosas bombas aturdidoras y botes de gases lacrimógenos a una distancia de hasta 150 metros.
Sobre la represión, Burgos plantea que el gobierno ha sido claro: “Protestas pacíficas, bienvenidas, pero cuando estas pasan a la violencia, terrorismo, actos vandálicos, se deben de tomar medidas”.
En medio de las protestas, el pasado jueves, la Cancillería colombiana declaró persona “non grata” al primer secretario de la embajada cubana en Bogotá, Omar Rafael García Lazo, a quien expulsó.
Colombia alega que la decisión se tomó al verificar “que estaba desarrollando en el país actividades incompatibles con lo previsto en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas”.
