La batalla legal por la construcción de la nueva cárcel de mujeres en Pacora, a un costo de $27.6 millones, tiene un nuevo capítulo: IBT Group Panamá, a cargo de la obra, apeló la decisión del Ministerio de Gobierno (Mingob) de cancelarle el contrato e inhabilitarla por tres años debido a “incumplimientos”.
El pasado 28 de enero, IBT presentó ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas (TACP) 25 “pruebas” para sustentar los retrasos e “incumplimientos” del contrato firmado en junio de 2017 con el Mingob.
A su vez, el Mingob, en una carta fechada el pasado 30 de enero, reiteró al TACP las razones de la decisión del 16 de enero de rescindir el contrato, que tiene un avance del 35%.
El Mingob detalla que durante los 25 meses de ejecución del proyecto, contados a partir del 8 de junio de 2017, “IBT no ha presentado un cronograma de ejecución de la obra en debida forma, es decir, de manera correcta, coherente y en los tiempos establecidos”.
En agosto de 2019, el Mingob notifica a IBT de la intención de rescindir el contrato y le pide “subsanar todas las irregularidades” y reanudar las obras, pero la empresa hizo caso omiso.
La empresa, por su parte, sostiene que los incumplimientos “se deben a la falta de recursos económicos del Ministerio de Gobierno”.
Ahora, el TACP decidió que un equipo de peritos de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) evalúe la documentación y avances de obra reportados por la empresa. Luego de esto, decidirá si acepta la apelación.