El pasado miércoles 30 de junio, se divulgó un video preparado por el papa Francisco para el encuentro de la Asociación Cristiana de los Dirigentes de Empresas (ACDE), que se celebraba en Argentina.
“Hay que invertir, no esconder la plata en paraísos fiscales”, dijo Francisco en su intervención, según citó el portal argentino pagina12.com.ar
El contundente mensaje del jerarca del catolicismo se conoció justo en momentos en que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) lograba concretar una declaración conjunta de 130 países y territorios a favor de un impuesto global de 15% a las multinacionales.
La declaración, hecha pública el jueves 1 de julio, incluye las firmas de prácticamente todas las economías importantes del mundo y, como una muestra de la seriedad del esfuerzo, también aporta el respaldo de jurisdicciones tradicionalmente conocidas como paraísos fiscales, como Andorra, Bahamas, Bermudas, Islas Caimán, Gibraltar, Islas Vírgenes Británicas y Malta, entre otros.
Aunque Panamá fue uno de los firmantes, dos jurisdicciones favoritas para la competencia fiscal, como son Hungría e Irlanda, no respaldaron la declaración, de acuerdo con el portal oficial de la OCDE.
El origen de un impuesto global
La última década, la OCDE ha impulsado una iniciativa para enfrentar la erosión de la base fiscal de sus países miembros, denominada BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), que significa la práctica de la transferencia de ganancias entre jurisdicciones por parte de las multinacionales para disminuir su pago de impuestos. En paralelo con esta iniciativa institucional, un movimiento transnacional de la sociedad civil en Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental, fue tomando fuerza contra lo que se denunciaba como la gran inequidad tributaria, que permite que las grandes fortunas familiares y las empresas multinacionales eludan el pago de impuestos.
OXFAM International, una ONG radicada en Reino Unido, enfocada en el combate de la hambruna y la desigualdad, publicó al inicio de su campaña en 2015 que ese año “el 1% de la población mundial posee más riqueza que el 99% restante”. La organización denunció que tanto la evasión como la elusión fiscal de las grandes empresas y personas más acaudaladas estaban perpetuando el ciclo de pobreza.
El 8 de junio pasado, ProPublica, una ONG estadounidense, reveló que a través del periodismo de datos y una investigación minuciosa que obtuvo la confirmación de que las 25 personas más ricas de Estados Unidos pagaban muchísimo menos impuestos en proporción que un hogar promedio.
“Los registros fiscales confidenciales obtenidos por ProPublica muestran que los ultra ricos evaden de manera efectiva este sistema”, refiriéndose al sistema tributario de Estados Unidos, según citó la cadena de noticias CNN en Español.
Aunque ha crecido el movimiento de la opinión pública en los países desarrollados en favor de una mayor tributación por parte de las grandes empresas y capitales familiares más acaudalados, el cambio en las clases políticas del mundo desarrollado lo produjo la pandemia. No hay apetito en estos países para realizar una reforma fiscal traumática a sus poblaciones castigadas doblemente por la Covid-19, y la crisis económica que la acompaña. Sin embargo, la tributación de estos grandes capitales constituye una medida popular y necesaria para enfrentar la estrechez fiscal de los gobiernos del mundo. El elemento clave de este movimiento global fue la victoria del demócrata Joe Biden, en el torneo electoral de Estados Unidos, en noviembre del 2020.
La propuesta
La declaración conjunta de la OCDE y los 130 países junto a los territorios firmantes proponen un esquema de dos pilares. El primero sería una repartición más justa de los impuestos cobrados a las multinacionales, entre el país sede y el país donde se produjo la renta. Esto es especialmente importante para atender los desafíos de la economía digital, en la cual el consumo o la compra del producto se hizo en una jurisdicción, pero el ingreso y la ganancia se registran en otra.
El segundo pilar de la declaración establece un piso a la competencia fiscal internacional, al fijar una tasa de impuesto sobre la renta “mínima” de 15%. Esta cantidad no fue un número aleatorio sino el resultado de una negociación entre Estados Unidos y China, ya que para obtener el apoyo del país asiático a la iniciativa, la administración Biden acordó el porcentaje que el gobierno chino consideró apropiado para su economía, de acuerdo con el portal infobae.com.
La declaración del 1 de julio es apenas el inicio de la recta final de un posible acuerdo global de fiscalidad. Se espera que para finales de este año, los países del G20 y la OCDE tengan lista la versión final del acuerdo. Si todo va viento en popa, la nueva tasa global podría entrar en vigencia en el 2023, según informó la OCDE.
Como parte del salto de fe que requiere la iniciativa más ambiciosa de fiscalidad internacional de la historia, se necesitará que el gobierno de Estados Unidos sea capaz de sobreponerse a la oposición de los voceros del Partido Republicano, quienes han manifestado sus objeciones a la iniciativa. Quizás una intervención del Vicario de Cristo no sea suficiente para echar a las grandes fortunas del mundo fuera de los paraísos fiscales.