ANÁLISIS

Impulsan iniciativa contra el acoso judicial a periodistas en Colombia

Impulsan iniciativa contra el acoso judicial a periodistas en Colombia
El senador Rodrigo Lara Restrepo.Tomadas de @Rodrigo_Lara

El próximo martes 20 de julio, el senador Rodrigo Lara Restrepo se ha comprometido a presentar una iniciativa de ley en el Congreso de la República de Colombia, para combatir el acoso judicial contra periodistas, usuarios de las redes sociales y defensores de derechos humanos. La propuesta de ley fue elaborada por iniciativa de la sociedad civil vinculada a la defensa de la libertad de expresión en el vecino país.

El senador Lara Restrepo explicó a la Radio Nacional de Colombia que: “Queremos evitar ese abuso del derecho sin cercenar el derecho constitucional a la justicia. Básicamente, lo que buscamos es que un juez o un fiscal tenga una ventanita para que, en lugar de tramitar todo ese proceso con todo lo que implica y la demora y la posibilidad de dilatar por parte del actor corrupto, pues que pueda terminar el proceso y archivarlo cuando considere que lo que hay ahí es un intento para silenciar a la prensa”.

El acoso judicial

Según Article 19, organización sin fines de lucro dedicada a la defensa de la libertad de expresión en todo el mundo, el fenómeno de acoso judicial debe entenderse como: “... el abuso de mecanismos judiciales para censurar e intimidar a las personas que revelan información de interés público, ya sea por su trabajo periodístico y/o de defensa de derechos humanos”. Esta organización considera que Colombia es el país latinoamericano con más casos de acoso judicial contra periodistas, ya que en el periodo comprendido entre 2018 y 2020, se registraron 81 casos. Otras fuentes indican que la cantidad de casos en el vecino país pudo ser de hasta 140 para el mismo periodo.

El acoso judicial es una estrategia utilizada en los más diversos países del mundo, tanto en democracias como en regímenes autoritarios, para hostigar, perseguir e intimidar a periodistas, defensores de derechos humanos o críticos de los poderes económicos y políticos. Los profesores de la Universidad de Denver, en Estados Unidos, Penelope Canan y George W. Pring, denominaron a este fenómeno como “litigio estratégico contra la participación pública” (SLAPP, por sus siglas en inglés).

Desde la década de 1980, se detectó que algunas grandes empresas y otras organizaciones actuaban de forma intimidatoria contra activistas sociales y periodistas de pequeñas comunidades, para intimidarlos con los grandes costos de su defensa legal y la posible amenaza de decisiones judiciales desfavorables. En las últimas décadas varios estados de Estados Unidos han establecido leyes contra el SLAPP.

Experiencia panameña

Colombia y Estados Unidos no son los únicos países cuyos periodistas y activistas han enfrentado el acoso judicial. Panamá tiene un terrible historial en esta materia. En la última década, el uso de las demandas civiles y las acciones penales contra periodistas, activistas sociales y defensores ambientales, ha sido muy destacado.

Como ejemplos tenemos el caso de la periodista Ligia Arriaga, de la Voz del Darién, quien tuvo que abandonar el país por segunda ocasión, por el acoso judicial derivado de sus denuncias sobre abusos ambientales en la provincia fronteriza con Colombia. A su vez, la activista veragüense Larissa Duarte enfrenta una demanda civil millonaria de una empresa que promovía un proyecto hidroeléctrico en el río Cobre, cercano a la residencia de la activista.

Otro caso es el del empresario Max Crowe, que sufre los embates de un secuestro civil de sus bienes por defender las normas de zonificación y uso de suelos de la comunidad de Albrook.

A su vez, la activista ciudadana María Chávez fue demandada civilmente por Luis Barría, porque Chávez lo cuestionó por sus actividades y citó una expresión del expresidente Juan Carlos Varela sobre el entonces diputado Barría.

Además, el periodista Rolando Rodríguez fue querellado por el abogado Janio Lescure, al publicar una noticia sobre declaraciones de Lescure en España, en las que presuntamente explicaba la compra de fallos en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) panameña. Esta información ya había sido divulgada por un medio español.

Por otro lado, la periodista Linett Lynch enfrenta una condena millonaria, dictaminada por la CSJ, por una nota referente a eventos ocurridos en un despacho judicial. Un ejemplo similar es el del comunicador social Mauricio Valenzuela, que enfrenta una medida cautelar solicitada por la diputada Zulay Rodríguez para impedirle que se le acerque físicamente y que publique notas periodísticas sobre ella.

Otro tanto han vivido las radiocomentaristas Mariela Ledezma y Annette Planells, quienes enfrentaron un proceso judicial por sus cuestionamientos al expresidente Ricardo Martinelli. Esta situación la han compartido directores, ejecutivos y periodistas de diferentes medios, por el trabajo periodístico que realizan cotidianamente, y que un sistema de justicia burocrático ha sido incapaz de proteger.

Panamá ratificó, por medio de la Ley 125 de 2020, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, que obliga al Estado a tomar medidas de protección de periodistas y defensores ambientales, y hasta la fecha no hay iniciativa alguna comparable con la colombiana.

Como se detiene el acoso

La iniciativa colombiana, desarrollada por la jurista Ana Bejarano, destacada catedrática de la Universidad de los Andes y codirectora del colectivo de defensa de la libertad de expresión El Veinte, le daría a los fiscales la facultad de archivar aquellos procesos iniciados por denuncias o querellas interpuestas con fines de censurar la libertad de expresión o acosar a periodistas y activistas. En el caso de los procesos civiles, los jueces tendrían la facultad de adelantar la sentencia para concluir el caso por ser un ejercicio de acoso judicial. En esta situación, los acosadores serían obligados a pagar las costas del proceso, así como una multa equivalente a 30 salarios mínimos mensuales.

Esta iniciativa, acogida por el senador Lara Restrepo, en forma alguna desprotege a los ciudadanos que hayan sido víctimas de calumnia e injuria. Según aclaró el propio Lara Restrepo a la Radio Nacional de Colombia, lo que se busca es proteger a la libertad de expresión. “Sin la prensa no se conocerían muchos de los abusos del poder, no se conocerían muchos casos de corrupción. Es decir, la prensa es una expresión de libertad”, dijo Lara Restrepo.



Edición Impresa