La Fiscalía Primera Anticorrupción formuló cargos y ordenó la medida cautelar de impedimento de salida del país a 12 personas dentro de la investigación por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública, a raíz de presuntas irregularidades en la compra de comida deshidratada por un monto de $14.5 millones, a través del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN).
Fuentes judiciales confirmaron que la fiscal primera Anticorrupción Tania Sterling ordenó país por cárcel para Carlos G. González, Cintia del Rosario Quirós, Jorge García, Gustavo Barría, Amado Arjona, Pedro Arboleda, Rubén Méndez, Cuauhtémoc Cordero, al exdirector del PAN Giacomo Tamburrelli; al exdirector de Nutrición de esa entidad Ángel Famiglietti; al empresario Rubén De Ycaza y a Javier Pariente, quien se encuentra prófugo.
Pariente, exvicepresidente de Importadora Ricamar, compañía del expresidente Ricardo Martinelli, es considerado el “artífice” del negocio de la comida deshidratada. De acuerdo con las investigaciones, parte de la ganancia de la compraventa de la comida deshidratada se depositó en cuentas de sociedades offshore del abogado Amado Arjona, quien seis meses antes de que se concretara el contrato firmó un acuerdo con la empresa Lerkshore International Limited, del empresario Rubén De Ycaza, a quien se le adjudicó el contrato para cobrar una comisión de $4.4 millones. A los investigados se les imputó cargos por la presunta comisión del delito de peculado.
MILLONARIO NEGOCIO
Fue en la Presidencia de la República donde se reunieron altos personeros del Estado, comandados por el entonces ministro de la Presidencia Demetrio Jimmy Papadimitriu, para decidir que los niños de escuelas públicas del país no recibirían comida tradicional, sino comida deshidratada. Se pactaron dos contratos para la compra de estos alimentos: uno por $14.5 millones, [al que hace referencia este caso], y un segundo por $44.9 millones. Ambos fueron otorgados a Lerkshore International Limited. Por el de $44.9 millones el Juzgado Decimoquinto llamó a juicio a Tamburrelli, De Ycaza, y Famiglietti; así como a la excontralora Gioconda Torres de Bianchini, y ordenó la detención vía Interpol de Adolfo De Obarrio, ex secretario privado de Martinelli, quien está prófugo.
Mientras que sobreseyó a los exministros Lucy Molinar y Federico Suárez, así como a las exviceministras Marta Susana de Varela y María Fábrega.