Tres de los cuatro imputados en el proceso que sigue el Ministerio Público por el hallazgo supuestamente irregular de bolsas de comida del plan Panamá Solidario en una residencia en San Francisco, aún conservan sus cargos como funcionarios en el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y en la Presidencia de la República.
Se trata de Rodolfo Chamorro, Julio Palacios Pinzón y Juan Carlos Brin, a quienes se le imputaron cargos el 21 de julio pasado por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública.
Julio Caballero, el cuarto imputado en el proceso, renunció a su puesto en la Oficina de Electrificación Rural, dependencia del MOP, en la que ganaba $3 mil.
Precisamente, fue en la residencia de Caballero donde la fiscalía anticorrupción encontró 509 bolsas de Panamá Solidario el 12 de junio pasado, luego de que el medio digital Foco Panamá lo denunciara.
Un día después, el 13 de junio, Caballero fue aprehendido, pero se le liberó horas más tarde porque se cumplió el plazo de 48 horas y no se había fijado fecha para la audiencia de imputación.
Tanto en el MOP como en la Presidencia, carteras que dirigen José Gabriel Gaby Carrizo y Rafael Sabonge, respectivamente, confirmaron a La Prensa que Chamorro, Palacios y Brin todavía cobran en estas entidades.
Los argumentos
En la Presidencia argumentaron que Brin “no ha sido objeto de una medida cautelar que le impida el ejercicio de funciones públicas”, por lo cual “nada le impide” seguir en el cargo.
Del MOP se limitaron a confirmar que las personas que aparecen en la planilla con estos nombres, en efecto, son las personas imputadas por el caso y que conservan sus puestos de trabajo.
Según registros de la planilla publicados por la Contraloría General de la República, Brin ocupa el cargo de coordinador de planes y programas en la Presidencia, con un salario mensual de $2,200.
Mientras que Julio Palacios Pinzón tiene el cargo de asesor en el MOP desde julio de 2020, y devenga un salario de $4 mil mensuales. Chamorro, por sus parte, también figura en la planilla del MOP como conductor de vehículo, con un salario de $1,500.
La campaña política
Julio Palacios Pinzón es hijo del actual gobernador de Coclé, Julio Palacios. En las elecciones de 2019, Palacios hijo corrió para representante del corregimiento de San Francisco, en la capital, por el oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), pero no ganó. En ese entonces, Julio Caballero, fungió como su jefe de campaña.
Otros posibles delitos
Mientras tanto, la Fiscalía Electoral avanza con una investigación para determinar si el hallazgo irregular de las bolsas de comida tuvo indicios de carácter político.
El fiscal Juan Alvarado informó a La Prensa que al 18 de julio pasado se habían realizado entrevistas a tres de los cuatro implicados. Además, aseguró, investigan el procedimiento de la entrega de las bolsas de comida (cómo salen del lugar de ensamblaje, quién autoriza, quién firma, etc.).
Para que lo sucedido encaje como un delito electoral, tendría que presentar un beneficio o perjuicio de determinado candidato o partido político.
Durante su entrevista, Caballero justificó el hallazgo de las bolsas en su residencia ante la Fiscalía Electoral, así: “Se solicitó la cooperación para la entrega de bolsas de comida en el área de Santa Fe, provincia de Darién para el sábado 12 de junio... Julio Palacios hijo, otro voluntario, en coordinación para la entrega, comunicó la cancelación del viaje por motivos de mal clima y se reprogramó para el día siguiente... En consecuencia, tuvimos que guardar las bolsas de comida y demás enseres en mi residencia para preservar su contenido”.
El Ministerio de la Presidencia agregó que los coordinadores de área están autorizados para retirar bolsas y utilizar sus vehículos particulares para apoyar en el traslado y distribución de bolsas a nivel nacional.
El día de la audiencia de imputación, el abogado de Caballero, Ángel Álvarez, aseguró que se busca “destruir” la “buena labor” de los voluntarios del plan Panamá Solidario, entre ellos su cliente, Julio Caballero.
A la fecha, los cuatro imputados tienen impedimento de salida del país por orden de un juez de garantías.
