Panamá no ha cumplido eficazmente con los compromisos adquiridos en la Cumbre de las Américas de Lima 2018 sobre a la agenda anticorrupción, revela un informe de seguimiento del Observatorio Ciudadano de Corrupción divulgado ayer.

Además, el documento indica que no existe un mecanismo público encargado del monitoreo del cumplimiento de los compromisos.

Panamá obtuvo una calificación de 1.42, en una escala del 0 al 3, al evaluar el avance en 19 compromisos.

Panamá ‘adolece de independencia judicial’

En la Cumbre de las Américas de 2018, Panamá y otros países de la región adquirieron obligaciones en materia anticorrupción a través del Compromiso de Lima, capital de Perú, que acogió el encuentro durante ese año.

Según un informe divulgado ayer por el Observatorio Ciudadano de Corrupción, tres años después de dicho pacto, Panamá no ha cumplido de forma satisfactoria con los compromisos.

En dicho informe, el país obtuvo una calificación de 1.42 en una escala de 0 al 3. El puntaje de Panamá demuestra deficiencias en la capacidad del sistema para cumplir con los compromisos de manera eficaz, eficiente y sostenible.

Los temas

Para la evaluación, se seleccionaron 19 compromisos prioritarios de los 57 establecidos en el Compromiso de Lima, que se titula Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción.

Los 19 compromisos fueron agrupados en 5 áreas temáticas: fortalecimiento de la gobernabilidad democrática; transparencia, acceso a la información y protección del denunciante; financiamiento a la política; prevención de la corrupción en las obras públicas; y cooperación jurídica internacional.

La peor calificación que tuvo Panamá fue en lo relativo al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática. El informe califica de “alarmantes” los resultados en esta área temática, que incluye compromisos puntuales, como el fortalecer la autonomía e independencia judicial e incluir a los diversos grupos en situación de vulnerabilidad en medidas anticorrupción, entre otros.

Se contempla también la transparencia e igualdad de oportunidades en la contratación de funcionarios y la prevención de conflictos de intereses.

Esta área temática también tiene en cuenta la promoción de la equidad e igualdad de género en las políticas anticorrupción.

La independencia judicial también pesa fuertemente sobre esta área temática. En el informe se plantea que Panamá “adolece de una verdadera independencia judicial”.

En la obra pública

Mientras, el país fue mejor evaluado en lo referente a la prevención de la corrupción en obras públicas.

Durante la presentación del informe, Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo Ciudadano, capítulo panameño de Transparencia Internacional, manifestó que la Dirección General de Contrataciones Públicas ha pasado por una “revolución digital” que ha dotado los procesos de compra de más transparencia.

No obstante, resaltó áreas que aún podrían suponer mejoras, como reducir las excepciones para contratar de forma directa y la inclusión de cláusulas anticorrupción en los contratos estatales, para así facilitar la potencial persecución e investigación de casos de corrupción.