La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional inicio ayer la discusión sobre la reforma a la Ley 6 de enero de 2002, que dicta normas sobre transparencia y acceso a la información pública.
Durante la sesión, la directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), Elsa Fernández, dijo no tener inconvenientes con que se fusionen los proyectos de ley 224, 225 y 280, que buscan modificar la Ley de Transparencia.
Fernández, sin embargo, dejó claro que la Antai también ha iniciado una consulta para hacer cambios a la Ley 6 y a la Ley 33 de 2013, que crea la entidad que dirige.
Sin embargo, pidió a los diputados aumentar de 3 a 10 días el plazo que tendrá la Antai para dar respuesta cuando las instituciones presenten una resolución motivada de por qué no pueden presentar en sus sitios web las informaciones que la ley establece que deben ser de acceso público.
Esta propuesta se encuentra en el proyecto de ley 225, presentada por los diputados independientes Juan Diego Vásquez y Gabriel Silva, quienes plantearon modificar el artículo 16 de la Ley 6 para que “las instituciones sustenten con resolución motivada, la información que no pueden suministrar por ser considerada de carácter confidencial o de acceso restringido”. Esta resolución, señala la propuesta, “deberá ser primero remitida a la Antai para su debida evaluación y aprobación; trámite que no deberá durar más de tres días hábiles conforme a recibido. De ser negada la aprobación por la Antai, la institución estará obligada a entregar la información solicitada”.
“ No tenemos objeción de que se fusionen estos proyectos”.
Elsa Fernández, directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información
Fernández explicó que su petición de aumentar el plazo a 10 días se debe a que hay que considerar que la Antai solo cuenta con 52 funcionarios; solo cinco son abogados.
El proyecto de ley también plantea eliminar de la lista de informaciones de acceso restringido “todas las actas de junta directiva de las sociedades anónimas donde el Estado panameño tenga participación accionarial minoritaria o mayoritaria”.
También se busca acortar de 30 a 15 días el tiempo que tiene el funcionario para responder una solicitud de información. Igualmente, que sea de acceso público el presupuesto de las instituciones, los cambios y traslados de partidas, los estudios de factibilidad y, en casos pertinentes, los estudios de impacto ambiental de las inversiones en obras de infraestructura y contratos de concesiones.
Además, que sea de carácter público la “información relativa a las reuniones de junta directiva de aquellas instituciones y empresas públicas, de acuerdo con los miembros que la conforman, la asistencia a estas reuniones, las fechas y el pago en concepto de dieta, emolumentos y viáticos derivados del trabajo que realizan los miembros de dichas juntas directivas”. Esto no está en la ley vigente.
Por falta de cuórum, la Comisión de Gobierno, que dirige el diputado perredista Leandro Ávila, decidió posponer para la próxima semana la discusión y aprobación en primer debate.