Más sanciones para los servidores públicos y particulares que participen, promuevan, faciliten o cometan actos de corrupción, contempla un paquete de propuestas legislativas que el Ejecutivo presentó ayer al Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo, instancia que debe discutir la propuesta para luego enviarla a la Asamblea Nacional.
Se trata de cinco anteproyectos de ley que fueron elaborados por el Ministerio de la Presidencia, junto con la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai).
No obstante, ayer, el viceministro de la Presidencia, Salvador Sánchez, y Angélica Maytín, directora de la Antai, solo presentaron cuatro de estos anteproyectos ante la Concertación, ya que a uno de los proyectos le faltaba la exposición de motivos. Sin embargo, en conversación con este diario, el viceministro explicó los pormenores de la iniciativa.
La propuesta busca modificar el Código Penal, la Ley 33 del 25 de abril de 2013, que crea la Antai, el artículo 304 de la Constitución, sobre Declaración Jurada del Estado Patrimonial, y elimina la Ley 59 de 1999, sobre este mismo tema.
También adiciona, subroga, modifica y deroga disposiciones de la Ley 67 del 14 de noviembre de 2008, que desarrolla la Jurisdicción de Cuentas y reforma la Ley 32 de 1984, Ley Orgánica de la Contraloría General.
Sánchez explicó que los cambios surgen de recomendaciones hechas por la propia Concertación, la Comisión de Estado por la Justicia, expertos internacionales y otras organizaciones ciudadanas.
CASTIGO AL SOBORNO
Las reformas al Código Penal van dirigidas específicamente a seis artículos de dicha norma. Se trata de los artículos 51, 253, 345, 349, 350, 355 para endurecer las sanciones a los servidores públicos y particulares (naturales y jurídicos) que participen, promuevan, faciliten o cometan actos de corrupción, como el soborno.
Por ejemplo, se plantea modificar el artículo 51 para que cuando una empresa sea usada o creada para cometer delito, se sancione con la “pérdida total de beneficios fiscales”. Además, se le impedirá contratar con el Estado por un periodo que va de 5 a 10 años. Se contempla la suspensión de la licencia comercial de la empresa “por un periodo no menor de 5 años ni mayor a 15 años”.
La multa, que actualmente no es inferior a 5 mil dólares ni superior al doble de la lesión, sería igual al doble del daño causado.
Dentro de este anteproyecto también se modifica el artículo 253 para castigar con prisión a los funcionarios que reciban dinero de una entidad del sector privado para retrasar un acto.
La pena de prisión por este delito, que actualmente es de dos años, se aumentaría a cuatro años.
De igual forma, se adiciona el artículo 253-A para castigar de cuatro a ocho años de prisión al servidor público que, de manera directa o indirecta, ofrezca, prometa o conceda donaciones de dinero u otro beneficio a una persona que dirija una entidad privada.
DECLARACIÓN PÚBLICA
Entre los aspectos más importantes del proyecto, se desarrolla el artículo 304 de la Constitución para destacar que la declaración jurada del estado patrimonial será de “carácter público”.
Además, se obliga a cumplir con este requisito a los directores nacionales y provinciales de la Policía Nacional, rectores y vicerrectores de las universidades oficiales, entre otros.
Se crea, además, la declaración jurada de intereses particulares, aspecto que surgió de un proyecto de ley presentado en la Asamblea Nacional por la diputada independiente Ana Matilde Gómez. Con ello, los funcionarios deben dar cuenta de las empresas donde han trabajado y sobre las compañías de sus parientes, por afinidad o consanguinidad, o su cónyuge .
Se deberá detallar cualquier regalo recibido en el último año, cuyo precio exceda los 500 dólares. También se debe informar sobre la relación familiar o de amistad que pueda generar conflicto de intereses.
Se detalla que las declaraciones se presentarán al inicio y al final de las gestiones, en un plazo de 10 días hábiles.
Los funcionarios quedarán obligados a actualizar su declaración de bienes patrimoniales, así como la de intereses particulares.
De ser aprobada esta propuesta, subrogaría la Ley 59 del 29 de diciembre de 1999. “La presente iniciativa aporta innovaciones en el desarrollo de la investigación por posible enriquecimiento injustificado...”, señala la exposición de motivos.
MÁS AUTONOMÍA
Por otro lado, se modificó la ley que crea la Jurisdicción de Cuentas y de la Antai para darle mayor autonomía a ambas instancias, en cuanto a las investigaciones que realizan.
También, se elaboró un anteproyecto legislativo para proteger a las personas que denuncian la corrupción dentro del engranaje gubernamental.