La Corte Suprema de Estados Unidos sopesará hoy un importante caso sobre inmigración que podría afectar a millones de indocumentados, en su mayoría mexicanos, en una audiencia políticamente cargada a pocos meses de una elección presidencial.
Los ocho magistrados del máximo tribunal estadounidense examinarán en concreto la legalidad de algunas medidas ejecutivas firmadas por el presidente Barack Obama que protegerían de la deportación a entre 4 millones y 5 millones de inmigrantes clandestinos.
La inmigración es una de las principales banderas de los aspirantes republicanos a las elecciones presidenciales, especialmente del favorito Donald Trump, quien prometió construir un muro en la frontera con México y deportar a los 11 millones de indocumentados, lanzando llamas a un candente debate.
En el tapete se posa un conjunto de medidas ejecutivas de Obama a finales de 2014, cuando las probabilidades de que una prometida reforma migratoria fuese aprobada por la oposición republicana en el Congreso se reducían a cero.
Pero Texas y otros 25 estados se negaron a implementar las medidas, y vieron sus posturas refrendadas en una serie de decisiones judiciales que encontraron que Obama se había extralimitado en sus poderes, lo que efectivamente bloqueó las iniciativas.
El gobierno de Obama ha incrementado la deportación de inmigrantes, desde 390 mil en 2009 a 440 mil en 2013, según el Departamento de Seguridad Interior. Pero el mandatario ha dicho que busca priorizar las deportaciones de “delincuentes y no familias; criminales y no niños; pandilleros y no una madre que trabaja duro por sus hijos”.
El caso podría tener repercusiones en otros debates sobre el alcance y legalidad de las medidas tomadas por un presidente.
En el día de hoy se prevé que los magistrados den 90 minutos, una duración excepcionalmente larga, para escuchar a las partes.
Pero la decisión del máximo tribunal deberá esperar hasta el próximo mes de junio, un mes antes de las convenciones de investidura de los dos partidos en Estados Unidos.