Ninguno de los recientes gobiernos, contando las administraciones de Martín Torrijos, Ricardo Martinelli, Juan Carlos Valera y ahora la de Laurentino Cortizo, han cumplido con lo que estipula la Ley 51 de 2005 de la Caja de Seguro Social (CSS), que indica como una obligación hacer reservas mínimas para equilibrar el costo y el financiamiento del sistema de pensiones.
Este incumplimiento de mantener la reserva requerida para el pago de las jubilaciones ha empeorado la situación del subsistema exclusivo de beneficio definido de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
El último informe actuarial compartido a la junta directiva de la Caja de Seguro Social y al Ministerio de Economía y Finanzas, indica que las reservas del subsistema de beneficio definido y su fideicomiso se agotarían a inicios de 2024 o antes, si no se hace nada.
La necesidad de dinero es tan alta que, para cumplir con la reserva mínima por ley, el Estado debería aportar la suma de $13,074 millones en los próximos 10 años.
La cifra llegaría a $13,620 millones si se cuantifican los cotizantes inactivos, es decir, quienes no están haciendo los pagos de la denominada cuota obrero-patronal en el año de análisis (2019), aunque sí han hecho contribuciones para jubilarse.