LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Juez levanta excedente del secuestro a Corprensa

Juez levanta excedente del secuestro a Corprensa
El pasado 4 de julio, el expresidente Ernesto Pérez Balladares (1994-1999) secuestró los activos de Corprensa, S.A. Archivo

Por medio del Auto 1126 del 28 de julio del 2020, la jueza Lina Castro De León, del Juzgado decimoquinto del Circuito del Ramo Civil, ordenó el levantamiento parcial del secuestro civil que la propia juzgadora había dictado el pasado 22 de junio, en una demanda civil interpuesta por el expresidente de la República Ernesto Pérez Balladares, en contra de la Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa).

Según la jueza Castro De León, al recibirse la respuesta de las instituciones financieras a los oficios remitidos el pasado 2 de julio que ordenaban el secuestro de las cuentas de esta empresa editorial, quedó claro que existe un excedente a la suma secuestrada de 1 millón 131 mil dólares, monto total del secuestro civil más las costas y gastos. De acuerdo con el auto 1126, los fondos contenidos en las cuentas de Corprensa, en BG Valores, Banco General y Scotiabank, alcanzan la suma de 1 millón 477 mil 953 dólares con 31 centavos, lo que excede en 346 mil 953 dólares con 31 centavos el monto del secuestro civil y, por lo tanto, debe ser devuelto a Corprensa, según lo estipula el artículo 544 del Código Judicial. También se ordenó levantar el secuestro sobre las acciones de la subsidiaria Inmuebles Industriales, S.A.

La decisión se la Juez Castro De León se da 22 días después de que Corprensa presentara el lunes 6 de julio una fianza de seguro por la totalidad de la suma del secuestro --la cual fue rechazada-- y 15 días después de que tuviera en su despacho confirmaciones bancarias cuya suma superaba el monto del secuestro.

La demanda civil de Pérez Balladares contra Corprensa fue interpuesta en 2012, por publicaciones de La Prensa que se fundamentaron en información proveniente del Ministerio Público. La demanda se encuentra en primera instancia desde entonces, a la espera de prácticas de pruebas, sin embargo, la legislación procesal panameña permite el secuestro civil de bienes y fondos de una persona natural o jurídica, con la simple consignación de una fianza, y que en este caso fue de 250 mil dólares. El secuestro se mantendrá por el tiempo que tome llegar a una decisión definitiva en última instancia.

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