El Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales fijó para los días 12 y 13 de enero de 2022, el juicio al exrector de la Universidad de Panamá (UP), Gustavo García de Paredes, y al exdirector de servicios administrativos de esa casa de estudios, Adrián Cuevas, por la presunta comisión del delito de peculado.
Lo anterior, a raíz de la firma de contratos para el arrendamiento de tres globos de terreno al Consorcio Pacífico Atlántico.
La información con la fecha del juicio está contenida en el edicto número 612, que fue colgado el pasado 20 de julio en el tablero del Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales, a propósito de notificar a las partes.
En agosto de 2019, el Juzgado Decimocuarto Penal, en ese entonces a cargo de la jueza Vilma Urieta, llamó a juicio a García de Paredes y a Cuevas por la presunta comisión del delito de peculado, por el arriendo irregular de los terrenos de la UP al Consorcio Pacífico Atlántico.
En aquella ocasión, la jueza Urieta estableció que el informe de auditoría de la Contraloría General de la República detalló que a la UP le correspondía en concepto de arrendamiento la suma de $20 millones, en un lapso de 40 años; en la investigación se acreditó que la universidad no recibiría la totalidad de ese monto y que solo se le entregaría el 50% de esa cantidad.
En la investigación hecha por el Ministerio Público se encontraron presuntas anomalías, entre ellas, la inexistencia de un cálculo de porcentaje de incremento anual de los avalúos, que se debió solicitar a la Contraloría y al Ministerio de Economía y Finanzas.
También se menciona como prueba el hecho de que, entre 2010 y 2016, la UP recibió en concepto de alquiler $2.3 millones, cuando debió percibir $10.8 millones.
Para este juicio deberán comparecer como testigos varios exmiembros del Consejo General Universitario para que expliquen la manera en que se llegó a suscribir el contrato.
Una auditoría de la Contraloría calculó en $8.5 millones la lesión patrimonial a la UP en la transacción para el alquiler de 21 hectáreas en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Tocumen.
De no realizarse el juicio en la fecha principal, el juzgado estableció como fecha alterna los días 15 y 16 de febrero de 2022. Así mismo, se designó a Carmen Tovar de Stagnaro como defensora pública de ambos imputados, si sus abogados no comparecen.
