El secuestro civil y las demandas por daños y perjuicios han sido utilizados en tiempos recientes como herramientas de intimidación de activistas comunitarios, defensores ambientales y medios de comunicación.
En Panamá, la legislación procesal civil permite que con el pago de una simple fianza se secuestre civilmente bienes de la contraparte, incluso antes de ser demandada. Aunque este mecanismo le da eficiencia a las reclamaciones legítimas, también facilita el acoso judicial de críticos de los poderes políticos y económicos.
Por ejemplo, la defensora del río Cobre en la provincia de Veraguas, Larisa Duarte, fue demandada en 2016 por $10 millones por una hidroeléctrica que alegaba que su activismo había conseguido la cancelación del proyecto. Pese a que la demanda fue desestimada, sirvió de advertencia a los defensores ambientales del país.
Otro instrumento de intimidación es el secuestro civil, usado en agosto de 2017 contra el activista comunitario de las áreas revertidas Max Crowe.
Crowe fue objeto de un secuestro de sus muebles, enseres y artefactos de oficina por oponerse a una escuela que infringía la zonificación de Albrook.
En el caso de Corporación La Prensa, S.A., el secuestro civil de $1.13 millones, sin fallo judicial, evidencia cómo los medios de comunicación pueden ser acosados y sometidos a censura disimulada.
Lo dijo ayer el presidente de la corporación, Diego, Quijano, en conferencia de prensa: “...Lo que estamos atravesando es un hostigamiento y un acoso judicial sin precedentes producto de un sistema judicial permisivo, que no tutela debidamente los derechos de la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho a la información”.
La vulnerabilidad ciudadana al frágil sistema de justicia
Aunque la mayoría de los ciudadanos temen enfrentar la justicia penal por sus consecuencias sobre la libertad individual, los efectos de la justicia civil pueden llegar a ser peores. Una legislación anticuada es el inicio del problema. Veamos algunos ejemplos en los que la justicia civil, lejos de garantizar derechos a víctimas, puede vulnerarlos por espacio de años y todo, de manera legal. Estos casos involucran tanto a ciudadanos como a empresas, en este caso, Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa).
Kathy Mcgrath, una inversionista estadounidense, compró un condominio en El Cangrejo y lo que parecía una vida feliz empezó a ser interrumpida por sus vecinos del piso superior, que remodelaron su apartamento para recibir huéspedes, mientras el de ella era afectado.
Tras la intervención del Sinaproc y la indiferencia de muchas autoridades, las denuncias de Mcgrath y de sus otros vecinos se toparon con una realidad: la administración del edificio fue secuestrada por los dueños del inmueble que presuntamente afectaron su apartamento.
En Veraguas, la activista ambiental Larissa Duarte, residente en las cercanías del río Cobre, fue demandada por $10 millones en 2016 por una empresa hidroeléctrica que responsabilizaba el activismo de Duarte como la causa de que su proyecto hubiese sido cancelado.
Duarte, a diferencia de Mcgrath, tuvo suerte y una decisión judicial de julio de 2017 desestimó la demanda.
En cambio, para Max Crowe, un activista comunitario de Albrook, la experiencia fue amarga. El 2 de agosto de 2017, Crowe tuvo que enfrentar el secuestro civil de bienes muebles, enseres y artículos de oficina dentro de su vivienda, a solicitud de una firma de abogados que representaba a un colegio cuyas actividades, según los residentes de la comunidad, violaba la zonificación de esa parte de las áreas revertidas.
En unas semanas, se cumplirán los tres años del secuestro sin que haya indicios de que el caso avance.
Las vivencias de estas tres personas demuestran el alto grado de vulnerabilidad que enfrentan nacionales y extranjeros en la defensa de sus derechos ante un sistema de justicia formalista, bizantino y, en ocasiones, inhumano.
Aunque hay figuras destacadas en el sistema judicial y en el Ministerio Público que brillan con luz propia por su trayectoria e integridad, el sistema también carga con una colección de funcionarios de toda jerarquía que le corren los gustos a los detentadores del poder.
Por diseño, el Órgano Judicial panameño tiene cuatro pisos: en la planta baja se encuentran los jueces municipales; en el primer piso, los jueces de circuito; en el segundo, los tribunales superiores y, en el último, la Corte Suprema de Justicia.
Además, está la justicia administrativa, que incluye a los novedosos jueces de paz y a jurisdicciones variadas como la aduanera, la tributaria y la de contrataciones públicas, entre otras.
Los ministerios del gobierno central, las alcaldías, las gobernaciones y hasta estamentos de seguridad tienen algún tipo de jurisdicción propia. Este sistema de colcha de retazos lo aflige una escasez crónica de recursos, instalaciones inadecuadas, recurso humano ineficiente y legislación inapropiada para la democracia del siglo XXI.
El simple hecho de que un político que haya sido objeto de un un proceso penal pueda secuestrar un medio de comunicación ocho años después de interpuesta su demanda civil, refleja la debilidad de la tutela de los derechos de los panameños.
En procesos civiles y administrativos de larga duración, en los juicios que duran una década o más, es usual que la parte más poderosa se beneficie con el resultado del proceso. Son muy pocos los panameños que pueden costear una fianza para levantar un secuestro civil o sufragar los costos legales de años de litigio hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia y obtener un fallo definitivo.
Si el conflicto legal de que se trata depende de múltiples autoridades, como es el caso de Mcgrath, desenredar las distintas aristas de cada entidad o jurisdicción puede tomar años, que luego se perderán con los cambios políticos que nuevos jefes encargarán a nuevos funcionarios, a quienes se les deberá presentar los reclamos desde el principio para que los conozcan y actúen sobre estos.
El intento de paralizar a este medio debe servir para impulsar una reforma de la legislación procesal, que en materia de secuestro y de reclamaciones civiles extracontractuales impida el tipo de abuso que Max Crowe, Kathy Mcgrath y tantos panameños deben enfrentar.
La paralización de La Prensa dejaría indefensos a panameños, que no tendrían quien comparta sus luchas ni registre sus sufrimientos.