El escenario después de cuatro meses de haber entrado en vigencia la Ley No. 16 de junio de 2016, que instituye la justicia comunitaria de paz, se caracteriza por gobiernos locales con quejas respecto a su aplicación y funcionamiento.
Jorge Herrera, presidente de la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa), manifestó que el tema va desde la falta de una reglamentación hasta el presupuesto para su desarrollo.
La norma, que dicta disposiciones sobre mediación y conciliación de conflictos, entró en vigencia el pasado 1 de enero en los 18 municipios que componen el Primer Distrito Judicial, es decir, las provincias de Panamá, Colón, Panamá Oeste y Darién, así como las comarcas indígenas de Guna Yala, Emberá Wounaan, Madungandí y Wargandí.
Con esta nueva regulación desaparecieron los corregidores y entraron en escena los jueces de paz, acompañados de un equipo compuesto por mediadores, un secretario y un notificador.
Las carencias
Herrera detalló que en muchos municipios donde la norma debería estar funcionando no se ha podido nombrar a los jueces de paz, y en otros han sido nombrados de forma interina. Lo mismo ocurre con los mediadores comunitarios y el resto del personal que debe estar operando.
Subrayó que conseguir los fondos para hacer operativo este sistema es la “gran limitante” que existe.
El presidente de Amupa advirtió que, tal y como está el panorama actual, será “imposible” que la norma pueda ponerse en vigencia en el resto del país.
De hecho, según el cronograma previsto por la Ley No. 16, en el próximo mes de junio debe implementarse en unos 59 municipios.
“Los municipios del interior del país no están preparados para esto y han estado firmando resoluciones a nivel de los diferentes consejos municipales para suspender la entrada en vigencia de esta ley”, concluyó Herrera.
Por su lado, Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, organismo que ha impulsado esta iniciativa, dijo que otra deficiencia reportada durante este proceso es que las casas de paz, antes corregidurías, no han podido ser adecuadas a las necesidades del nuevo sistema de justicia.
El activista agregó que el hecho de que aún esté pendiente la reglamentación de la ley también “restringe” el actuar de los jueces de paz, pues no hay documento que valide los procesos y la forma correcta de llevar los casos.
“Tras las evaluaciones realizadas, es evidente que existen inconformidades y dificultades en la implementación de la justicia comunitaria”, manifestó.
El diálogo
Estos temas han sido analizados en las mesas de diálogo instaladas entre Amupa, la Alianza Ciudadana Pro Justicia, el Ministerio de Gobierno (Mingob) y el Colegio Nacional de Abogados.
Datos estadísticos del Mingob dan cuenta de que hasta la fecha se ha nombrado al 90% de los jueces de paz en el Primer Distrito Judicial, aunque muchos lo están de manera provisional.
En cuanto a los mediadores comunitarios, la cifra es inferior, ya que menos de 20 han sido asignados. Esto obliga a los municipios a tener que recurrir al Ministerio Público para que les asista en la atención de los casos.
Karen Palacios, subdirectora de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos del Mingob, explicó que mediante un decreto ejecutivo se prevé establecer la reglamentación de la Ley 16.
“Ya el documento ha sido trabajado y se tiene un borrador para que pueda ser sometido a consulta”, comentó la funcionaria.
También detalló que mediante este nuevo documento se pretende establecer los parámetros bajo los cuales deben operar los jueces de paz; por ejemplo, definir cuáles son los casos susceptibles de mediación comunitaria, términos para la audiencia de conciliación y cómo deben ser los procesos para una citación o conducción en una casa de paz.
Otros de los aspectos que se establecen en el decreto son los impedimentos para que un juez atienda un caso, así como los tiempos para hacer las audiencias, procesos de pruebas, cargos y descargos.
Palacios indicó que este documento ha sido consultado con los jueces de paz del Primer Distrito Judicial y debe estar aprobado antes de que la norma se empiece a aplicar en el Segundo Distrito Judicial (resto del país), lo cual está previsto para junio próximo.
Sobre la falta de presupuesto, la funcionaria mencionó que las inquietudes fueron elevadas al Ministerio de Economía y Finanzas y la respuesta que recibieron fue que los municipios deben gestionar el dinero de los fondos y presupuesto que les son asignados a los gobiernos locales como parte de la descentralización.
Cálculos de la mesa técnica de la Comisión de Estado por la Justicia indican que el primer año de este sistema costará unos $10 millones.