Análisis. La Fiscalía Especial Anticorrupción está dedicada a la investigación criminal de todos los aspectos vinculados con la empresa constructora Norberto Odebrecht, incluyendo lo pertinente a los casos en Brasil, Estados Unidos y Suiza.
Con el amparo del derecho procesal penal internacional, contenido en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, ambos ratificados por Panamá, la fiscalía está facultada para utilizar los mecanismos disponibles para la cooperación internacional en esta materia. Ambas convenciones son ampliamente utilizadas, tanto por Brasil como por Suiza en sus propias pesquisas.
El Ministerio Público tiene el deber de investigar si los indicios, supuestos de hechos, inferencias y sospechas derivadas del rastro del dinero de la empresa Odebrecht conducen a bienes, activos, propiedades y otros recursos financieros equivalentes que puedan haberse obtenido de fondos provenientes del soborno trasnacional o del blanqueo de capitales, efectuados para esconder dichos sobornos.
La investigación que realiza la fiscalía especial anticorrupción no solo queda justificada bajo el amparo de nuestra legislación procesal penal, porque tanto el Código Judicial como el Código Procesal Penal así lo permiten, al igual que la legislación especial sobre blanqueo de capitales contenida en la Ley 23 de 2015.
Adicionalmente, toda pesquisa que desarrolla o persigue el rastro del movimiento de fondos, internacionalmente está amparada por la Convención de Palermo y por la Convención Anticorrupción.
Solo en aquellos casos que la fiscalía quisiera congelar o secuestrar cuentas o bienes dentro del derecho interno, tendría que solicitarlo a un juez de garantías, en el caso del Código Procesal Penal.
Internacionalmente, basta que la fiscalía le presente a sus equivalentes una solicitud para tales fines, para que sus pares hagan el trámite respectivo, el cual podrá tener control judicial o ser de acción inmediata, dependiendo en cada caso de la legislación propia de cada país o territorio.