Pese a que el procurador de la Administración, Rigoberto González, dejó claro que solo se puede reducir el salario, gastos de representación y otros emolumentos que cobran los funcionarios mediante una ley, en la Asamblea Nacional miran con lupa el proyecto 356, que tiene, precisamente, ese fin.
Ayer, el jefe de la oficialista bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Ricardo Torres, manifestó que todas las bancadas están analizando el proyecto y argumentó que la iniciativa tendría “vicios de inconstitucionalidad”.
“No lo queremos sacar a flote hasta que lo tengamos bien discutido con todas las bancadas”, dijo. Explicó que la reducción salarial bien puede hacerse mediante un Decreto Ejecutivo:
Torres no precisó cuáles serían los supuestos vicios.
La propuesta del presidente Laurentino Cortizo está en uno de los últimos puntos de la agenda legislativa. Esta iniciativa, que ya fue aprobada en primer debate sin ninguna modificación, establece recortes de 25% en los salarios y gastos de representación de los ministros, viceministros y directores de entidades, y de 50% para Cortizo y su vicepresidente y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo. La medida será por seis meses.
En julio pasado, Cortizo anunció el recorte salarial de funcionarios de altos cargos en el Estado, en beneficio del Plan Panamá Solidario, que atiende necesidades de los afectados por el nuevo coronavirus.
La medida no incluye a los diputados ni los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
La propuesta de Cortizo llegó a la Asamblea en medio de cuestionamientos ciudadanos. Y es que, desde que la pandemia de la Covid-19 golpeó al país, en el sector privado se han suspendido al menos 277 mil contratos, y en algunas empresas se ha optado por reducir la jornada laboral de su personal.
Sin embargo, pese a esta crisis en el sector privado, el gobierno aumentó la planilla estatal. En los cinco primeros meses del año, el gasto en planilla creció $101 millones, en comparación con el mismo periodo de 2019. Solo en mayo de 2020, el gasto en salarios fue de $375.2 millones, $29 millones más que los $346.2 millones pagados en mayo de 2019.
La bancada del PRD, que controla la Asamblea Nacional con 35 de los 71 diputados, es la que debe decidir cuándo se dará el segundo debate a la propuesta del Ejecutivo. Por ahora, el primer traspié está entre los propios oficialistas.