“Un PRD no habla mal de otro PRD”. Esta parece ser la estrategia que la oficialista bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD) puso en marcha por estos días para bloquear la comparecencia ante el pleno de la Asamblea Nacional de María Inés Castillo, titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides); de Mayra Inés Silvera, directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf); y de Carla García, exsubdirectora de esa entidad y hoy gobernadora de Panamá.
Los diputados oficialistas se niegan a poner fecha para que las funcionarias respondan preguntas en el pleno sobre el escándalo por los abusos en albergues custodiados por la Senniaf.
Ahora, afirman que la comparecencia de las funcionarias podría “viciar” los procesos que adelanta el Ministerio Público sobre el caso. “Hay que ser inteligentes. Traer a esos ministros aquí a hacer esos interrogatorios que no tienen límites (...) eso pudiera viciar el caso en el Ministerio Público. Hay que tener prudencia, y no pensar en un show”, aseguró el diputado Leandro Ávila.
Sus copartidarias Zulay Rodríguez y Kayra Harding intentan desviar el tema hacia la subcomisión legislativa que busca consenso para una ley integral que proteja la niñez.
El pasado lunes, la diputada Yanibel Ábrego, de Cambio Democrático (CD), denunció que la mayoritaria bancada del PRD –de 35 diputados– acordó, en una reunión, no citar a estas funcionarias. “Nosotros como Asamblea no tenemos por qué tapar a nadie. No entiendo por qué no pueden venir aquí y dar la cara ¿Qué es lo que hay detrás de esto?”, se preguntó la diputada.
El independiente Juan Diego Vásquez, por su lado, narró que el Ejecutivo había pedido a los diputados del PRD que “dejaran de hablar del tema de los albergues porque hay mucha gente involucrada con el dinero que los financia”.
Otra de las voces que cuestiona la actitud de la bancada de gobierno es el independiente Edison Broce. “La Asamblea tiene que darse a respetar. ¿Cómo es eso de estar citando a funcionarios y después no los quieren traer?”, preguntó.
Durante el periodo de incidencias de la sesión de ayer, el panameñista Pedro Torres también abogó por la comparecencia de las funcionarias. Dijo que si bien existe una investigación en el Ministerio Público, la Asamblea no puede ignorar una orden que aprobó.
En septiembre de 2020, la Comisión de Infraestructura de la Asamblea, entonces presidida por Kayra Harding, consideró conducir a ejecutivos de la empresa FCC para que respondieran preguntas sobre la construcción de la Ciudad de la Salud, en medio del escándalo de sobornos que pagó la compañía para lograr obras en el país, proceso que investiga el Ministerio Público.
De no citar a las autoridades, el Legislativo estaría ignorando su propio reglamento orgánico. Los artículos 49 y 215 de ese documento facultan a los diputados para citar a ministros, directores de entidades y otros.
Además de Castillo, Silvera y García, el pleno legislativo también aprobó citar a Idalia Martínez, Jazmín Cárdenas y Sara Rodríguez, las tres exdirectoras de la Senniaf.
Ayer, Castillo acudió a la reunión de la subcomisión que busca consenso para una ley integral sobre niñez.
Piden investigar a junta directiva de la Senniaf
Una nueva denuncia para que se investiguen los abusos en albergues bajo la custodia de la Senniaf fue presentada ayer ante el Ministerio Público (MP).
El recurso, impulsado por la Federación de Asociaciones de Profesionales de Panamá (Fedap), pide investigar a la directiva de la entidad por la presunta comisión del delito de incumplimiento de los deberes del servidor público.
Donaldo Sousa, abogado de la Fedap, alega que con su falta de supervisión y diligencia la directiva puso en riesgo la vida de infantes. Integran la directiva los ministros María Inés Castillo (Desarrollo Social); Luis Sucre, (Salud); Maruja Gorday, (Educación); Doris Zapata, (Trabajo); y Héctor Alexander, (Economía). Además, Mayra Inés Silvera, directora de la Senniaf; y Gerardo Solís, contralor.
