COVID-19

La Contraloría traza la línea para compras sin riesgo

La Contraloría traza la línea para compras sin riesgo
El gobierno diseñó el plan Panamá Solidario, programa que tiene entre sus componentes la entrega de bolsas de comida en comunidades pobres del país. Roberto Cisneros

La emergencia sanitaria que decretó Panamá el pasado 13 de marzo debido al SARS-CoV-2 no solo puso a prueba la efectividad del sistema sanitario de Panamá, sino que situó al Ejecutivo frente a un gran reto: garantizar la buena gestión de los recursos públicos en la pandemia.

Hasta el momento, la presión ciudadana ha logrado desestimar al menos tres controversiales transacciones en el último mes: computadores con supuesto sobreprecio (Ministerio de Economía y Finanzas), millonaria adquisición de municiones (Ministerio de Seguridad), y el contrato para almacenar, distribuir y entregar medicinas, por $168 millones que impulsó la Caja de Seguro Social. Todo ello en un país, que, de acuerdo al presidente Laurentino Nito Cortizo, enfrenta la dramática caída del 40% de sus ingresos, y que se vio obligado a impulsar una ley para usar activos del Fondo de Ahorro de Panamá para hacerle frente a la crisis.

Vía libre con la emergencia

A través de la resolución 11 del 13 de marzo de 2020, que declaró estado de emergencia nacional por Covid-19, el Gobierno despejó el terreno legal para disponer de los recursos necesarios para hacerle frente a la pandemia. Allí, por ejemplo, se autorizó que las contataciones especiales podrían ser de $50 millones. Al Ministerio de la Presidencia se le dio la responsabilidad de administrar y autorizar los recursos, y de paso se le dio luz verde al Ministeriio de Economía y Finanzas para que solicitar ante la Asamblea la suspensión de los límites financieros de la ley responsabilidad fiscal.

Pautas

La Contraloría, a cargo de Gerardo Solís, elaboró una guía que intenta frenar el mal manejo de recursos por estos días. ¿Lo logrará? El tiempo lo dirá. El documento apunta directamente a la adquisición de bienes y servicios en procedimientos excepcionales de contratación por urgencia evidente; y en procedimientos especiales por emergencia. Los lineamientos impactan a las ordenes de compra, contratos, y a los refrendos de pagos.

En el caso de las órdenes de compra y contratos, según la guía, la Contraloría verificará que tenga la aprobación de la autoridad competente, que se adjunte la oferta presentada por el contratista, o se evidencie la adquisición mediante catálogo electrónico. También exigirá que se aplique el monto correcto de los tributos respecto a la contratación, y requerirá que se aporte la fianza de cumplimiento. Al momento de hacer los refrendos, la entidad fiscalizadora tendrá en cuenta que exista la partida presupuestaria correspondiente para la contratación, que se cuente con el aviso de operaciones, que al momento de la contratación se tengan los paz y salvo, y que el nombre del beneficiario del contrato sea igual al que aparece en la orden de compra. También se asegurará de que se adjunte el recibo conforme del bien recibido, y que la factura cumpla con las disposiciones legales vigentes. “Se entiende que en cada trámite detallado la entidad contratante ha cumplido con los principios generales que aplican a las contrataciones por vía excepcional y especial que se desarrollan en esta guía, además de los requisitos desarrollados en la Ley de contrataciones públicas”, dice el documento firmado por Solís, y su secretaria general Zenia Vásquez de Palacios.

Responsabilidad clave

La guía le endilga la responsabilidad al servidor público de la institución contratante de verificar que al momento de hacer los pagos, se cumpla con la ley, y que los bienes y servicios se hayan recibido de manera conforme.

Entre los patrones de las pesquisas que ha adelantado el Ministerio Público por corrupción en el Estado, figura el hecho de que se pagan millonarias sumas por un servicio pero cuando los fiscales investigan, detectan que no se prestó, o no se entregó de manera conforme. Pasó en las distintas compras del extinto Programa de Ayuda Nacional, y del Instituto Panameño de Deportes, entre otros.

Veeduría ciudadana

La ciudadanía, aunque confinada por la pandemia, le sigue la pista al tema. Por un lado la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, solicitó al gobierno que sea transparente en el uso de los fondos, para así evitar colusión de intereses económicos, abusos de precios, y politización de la entrega de recursos, hechos que podrían acarrear consecuencias sociales, de salud y económicas.

Recomienda establecer un sitio digital en donde se centralice y se comparta toda la información de la ejecución presupuestaria de todos los dineros destinados a la emergencia, compras, y contratos directos otorgados. También proponen la activación de una línea de denuncia para que se alerte sobre cualquier anomalía.

Mientras que un grupo de ciudadanos envió una carta al ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, donde le solicitan más información sobre la construcción del hospital modular exclusivo para pacientes de Covid-19. La obra costó $6.5 millones y estuvo a cargo de Smartbrix Centroamérica, S.A. compañía que de acuerdo a lo que explicó Sabonge en su momento, fue seleccionada entre tres sociedades proponentes. “Presentaron el mejor costo en relación al tiempo de entrega”, explicó el funcionario. La empresa, según datos del Registro Público, es presidida por Nitesh Mayani, quien también funge como secretario y tesorero. Según su página web, opera en Colombia y en Panamá.

En la nota enviada al ministro, el grupo ciudadano solicita saber el pliego de cargos del proyecto, la propuesta del contratista, y el contrato entre el Ministerio de Obras Públicas y la empresa. Preguntan sobre el terreno donde se construye el hospital modular: ¿es propiedad pública o privada? También han enviado notas similares a la Caja de Seguro Social, y a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, entre otros.

Sin información

Hasta ahora, en Panamá Compra, el portal de contrataciones del Estado hay poca información sobre las compras hechas por el gobierno en medio de la pandemia. Por ejemplo, no se reflejan las contrataciones que ha pactado el Ministerio de Desarrollo Agropecuario para proveer la bolsa de comida que se entrega por estos días a personas de escasos recursos como parte del plan Panamá Solidario. Tampoco hay información de las compras de emergencia que ha hecho el Ministerio de Salud. Si figura la compra de 30 mil libretas de bonos por parte del Ministerio Público a un costo de $1.5 millón.

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