La Corte Suprema de Justicia tendrá la última palabra en el caso Odebrecht: deberá decidir si avala o no el fallo del Primer Tribunal Superior que concedió cinco meses más a la Fiscal Especial Anticorrupción para seguir recolectando información sobre los sobornos que pagó la constructora brasileña en Panamá.
Lo anterior, luego de que abogados de tres de los procesados presentaron recursos de apelación contra la extención del término de la pesquisa. Fuentes del Órgano Judicial confirmaron a este medio, que la defensa de los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014); y del exministro de Obras Públicas Federico José Suárez, presentaron sendos recursos de apelación para que sea la Corte la que decida sobre el asunto.
Carlos Carrillo, abogado de los hermanos Martinelli, afirmó que su recurso se sustenta en el hecho de que a la fiscalía se le venció el periodo de investigación, y por lo tanto debía enviar el expediente al Juzgado Decimosegundo Penal. Alegó que en este caso, para declarar vencido el término de las investigaciones, debió contarse desde el inicio de las pesquisas y no desde la orden de indagatoria.
Mientras, Rosendo Miranda, abogado de Suárez, argumentó en el recurso de apelación que el hecho de que el caso sea complejo no puede entenderse como “una patente de corso para sustentar una investigación prácticamente indefinida”.
El pasado 3 de enero, el Primer Tribunal Superior acogió un amparo de garantías constitucionales presentado por la fiscal Zuleyka Moore, quien está a cargo del proceso, y dio vía libre para seguir con la pesquisa durante cinco meses más.
El Tribunal, conformado por los magistrados Olga Rujano (ponente), Lilianne Ducruet y Miguel Espino, consideró que la “investigación preparatoria” en el caso Odebrecht podía ser extendida hasta por 5 meses y 8 días.
El Tribunal también dispuso reconocer a los imputados Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares y Federico Suárez, así como a Aarón Ronny Mizrachi Malca, como “terceros interesados”. Cuando solicitó la prórroga, Moore alegó que requería más tiempo para seguir investigando a raíz de que falta indagar a al menos 15 personas y debe analizar órdenes de pago correspondientes al periodo 2006-2009, cuando Martín Torrijos gobernó el país. También busca extender la investigación al periodo presidencial de Juan Carlos Varela (2014-2019). Actualmente, la pesquisa incluye los años 2010-2014, cuando Ricardo Martinelli era gobernante.
Hasta ahora, ya se han girado 82 indagatorias y 123 asistencias internacionales. Además, se han analizado 495 cuentas bancarias y 416 sociedades utilizadas para el lavado de activos; y de los 82 imputados, hay 122 “sujetos relacionados” con la investigación: bancos, casas de valores, entre otros.