La Corte Suprema de Justicia declinó al Ministerio Público (MP) una denuncia presentada contra el expresidente Ricardo Martinelli por la presunta comisión del delitos contra la administración pública.
El proceso está relacionado con los hechos ocurridos el 7 de julio de 2009 cuando el entonces mandatario, con mazo en mano, entró a las instalaciones del Grupo F Internacional, en Amador, y secuestró la propiedad en nombre del Estado. La denuncia fue interpuesta por el abogado Guillermo Cochez.
En un edicto colgado el pasado 29 de octubre en la secretaría general de la Corte, que lleva la firma de la magistrada Maribel Cornejo, se informa que la citada investigación debe ser adelantada por el Ministerio Público luego que Martinelli renunciara a su condición de diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen). Martinelli renunció al Parlacen en junio de 2018 para evitar que la Corte lo siguiera procesando por el caso los pinchazos.
En su denuncia, Cochez alegó que Martinelli utilizó funcionarios en horario de trabajo para ingresar a los terrenos de su cliente, en una acción “claramente ilegal”.
Esta es la segunda denuncia relacionado con estos hechos que la Corte envía al Ministerio Público. El pasado 7 de octubre ese tribunal remitió la acción legal presentada por el abogado Roberto Domínguez, también relacionada este incidente.
El pleno de la Corte ha remitido al Ministerio Público, instancia a cargo de Eduardo Ulloa, al menos siete denuncias presentadas contra el exgobernante, por falta de competencia.
La semana pasada una fiscalía anticorrupción ordenó el archivo provisional de una denuncia presentada contra el exmandatario por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad. Este caso está vinculado con el otorgamiento de indultos al final de su mandato (junio 2019) a personas acusadas y condenadas por delitos comunes.