Una crisis sin precedentes vive el Municipio de Changuinola, en Bocas del Toro, a raíz de que el municipio tiene 26 días cerrado en protesta porque los ocho representantes de corregimiento del Partido Revolucionario Democrático se niegan a ratificar a la tesorera nombrada por la alcaldesa Yesica Romero.
Narciso Machuca, asesor de la alcaldesa, dijo que esta no quiere trabajar con el tesorero –nombrado en la administración pasada y que ha estado en el puesto siete años y medio–, pues no ha cumplido con parte de sus funciones, sobre todo en lo que respecta al cobro de impuestos a empresas que extraen minerales de los ríos.
La inédita crisis que vive el municipio de Changuinola
El Municipio de Changuinola, motor comercial de la provincia de Bocas del Toro, está totalmente paralizado desde hace 26 días.
Los funcionarios de esta comuna están en huelga, a raíz de que el Consejo Municipal, que domina el oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), se niega a ratificar a la tesorera que nombró en diciembre pasado la alcaldesa Yesica Romero, del partido Cambio Democrático (CD).
Desde que llegó al puesto en julio de 2019, Romero ha gobernado con el tesorero de la administración pasada, José Armando Díaz, quien fue nombrado por la exalcaldesa de ese municipio, la perredista Stella Stephenson, hoy gobernadora de la provincia y persona de confianza del diputado Benicio Robinson, presidente del PRD.
Es decir, que Díaz, además de los cinco años del periodo de Stephenson, ha estado laborando durante otros dos años y medio de la administración de Romero, pero su contrato se venció el 31 de diciembre pasado. Un día antes, el 30 de diciembre, la alcaldesa le solicitó al Concejo que ratificara a su candidata para tesorero. Lo hizo con base en el artículo 242 de la Constitución, que le da facultad a los alcaldes para nombrar a los tesoreros, pero recibió un no rotundo.
Ella preguntó cuál fue el motivo para el rechazo y la presidenta del concejo, Cecilia Palacio, representante del corregimiento La Gloria, dijo lo siguiente: “Después de la votación no hay explicación”. Así se observa en un video que registra el hecho.
La crisis producto de la paralización del municipio va más allá de la pugna política, pues ya empezó a tener consecuencias en el orden público de la provincia, al igual que en el comercio, en el turismo y en la vida de los más de 150 funcionarios que no han podido cobrar sus quincenas en lo que va de 2022, pues no hay tesorero para firmar los cheques.
Desde el pasado lunes, funcionarios municipales y representantes de distintas organizaciones sociales han cerrado el puente sobre el río Changuinola, punto estratégico de la carretera Interamericana, en rechazo a la posición de los concejales del PRD. En Changuinola, donde están ubicadas casi todas las instituciones públicas de la provincia, viven alrededor de 23 mil personas.
“Los concejales no han expuesto el motivo (para no aprobar a la tesorera). La alcaldesa ha dicho que no quiere al tesorero por un tema de recolección de los impuestos”, aseguró a este medio Maynor Guerra, presidente del Comité Pro Salud y Más por Bocas del Toro.
Agregó que a él, como ciudadano, le preocupa el hecho de que no se cobren los impuestos. “Quieren (los representantes) imponer la ley de aquí manda mayoría. No estamos apoyando a la alcaldesa. Queremos que se cumpla la ley”, añadió.
Guerra enumeró las afectaciones que este asunto ha generado en el distrito, y en la provincia: en la recolección de basura, las placas, los cobros, el correo, el turismo, el comercio, los servicios municipales. “No ha llegado ninguna respuesta de ninguna autoridad a ver qué solución se le da a esto. Estamos entrando a la era de una dictadura o de una partidocracia”, dijo.
La Prensa llamó a la alcaldesa, pero no respondió. Quien sí habló fue el abogado Narciso Machuca, experto en gobiernos locales y asesor del municipio de Changuinola. Narró que el concejo quiere seguir imponiendo a un tesorero que ha tenido “muchas dificultades” para el ejercicio de sus funciones. “El catastro no se ha actualizado, no hay un censo de negocios, los comerciantes no han sido bien clasificados, en el recibo del contribuyente dice una cantidad, pero cuando se va al municipio hay otra cantidad. Entonces, hay una serie de irregularidades y la alcaldesa tomó la decisión de no ratificarlo en el cargo”, explicó.
Agregó que se han revisado parte de las funciones que tiene que realizar el tesorero, (artículo 57 de la Ley 106 de 1973) y añadió que “ha incumplido muchas de ellas”. Citó, por ejemplo, actualizar los censos y cobrar los tributos municipales, pues “hay una cantidad importante” de empresas que están haciendo construcciones.
“Según nos cuenta la alcaldesa, parece que hay una evasión de impuestos muy importante. Hay empresas que están haciendo extracciones de minerales de los ríos y esto no se refleja en las recaudaciones del municipio, como debe establecerse. El régimen impositivo establece que hay una cifra que debe pagarse por la extracción del metro cúbico, pero esa cifra no va de acuerdo a la cantidad de material que se ve que se está extrayendo”, dijo.
Precisamente, uno que está ligado a concesiones en el área es Benicio Robinson, diputado electo por ese circuito. En 2019, Robinson admitió a La Prensa que su familia está vinculada al negocio de la explotación de material pétreo, arena y piedra en el río Changuinola, concesión en manos de la empresa Transporte y Edificaciones del Atlántico, S.A.
Por su lado, Díaz, el tesorero, citó un pronunciamiento del procurador de la Administración, Rigoberto González, a raíz de una consulta de la alcaldesa. “Debido a que no se ha perfeccionado el nombramiento de la tesorera, tal persona no puede tomar posesión hasta tanto no se ratifique. Por ende, el tesorero actual tiene que permanecer en su puesto con todas las prerrogativas que implica ese cargo (...)”.
Tildó de “irresponsable” la decisión de la alcaldesa de no aceptar lo que dice la mayoría. “Esto ha sido un autosecuestro”, añadió.
Con relación a que no estaría cumpliendo con sus funciones, sobre todo en el cobro de impuestos, aseguró que se trata de señalamientos con la intención de desvirtuarlo y desacreditarlo, porque legalmente no han podido lograr su objetivo.
Este medio también llamó a la gobernadora Stephenson y una mujer respondió que estaba ocupada, que devolvería la llamada, pero al cierre de esta edición no había respondido.
