Nuevamente, una iniciativa de ley que busca recordar a las víctimas de la dictadura militar, pretende avanzar en la Asamblea Nacional (AN).
Se trata de un anteproyecto de ley que presentó el diputado independiente Gabriel Silva el pasado 11 de octubre, ante el pleno legislativo.
La propuesta plantea que el 9 de junio de cada año se declare como el “Día Cívico de Reflexión por las Víctimas de la Dictadura Militar”. Sería, al menos, la tercera vez en la era democrática que se presenta un proyecto de ley sobre el tema.
La propuesta cuenta con cinco artículos y tiene un enfoque importante de docencia sobre la dictadura militar.
“Se incluirán en los planes de estudio de la enseñanza básica general en materia de Historia y demás que correspondan, contenidos relativos a la instauración del régimen militar, a las violaciones a los derechos humanos cometidos durante el mismo, y la lucha ciudadana para el establecimiento de la democracia”, dice la iniciativa.
El 9 de junio, además de declararse día de reflexión nacional, las instituciones públicas deberán realizar actos en recuerdo de las víctimas, al igual que los centros educativos oficiales y particulares.
En la exposición de motivos del anteproyecto, se recapitula la lucha ciudadana por dignificar las desapariciones de personas durante la dictadura militar. La creación de la Comisión de la Verdad, en 2001, resultó en un informe donde se documentó 116 víctimas en los 21 años de dictadura militar en el país.
Dichas víctimas hoy en día son representadas por sus familiares y con el transcurrir del tiempo han llegado a “acuerdos amistosos” con el Estado panameño en busca de aliviar la falta de justicia a los hechos cometidos. No obstante, Silva plantea en la exposición de motivos que el Estado no ha cumplido con ninguna de las obligaciones contempladas en el documento, firmado el 21 de junio de 2019, en el cual se les otorga el plazo de un año.
“Es prudente tomar un día de cada año de nuestra historia futura y meditar sobre el pasado; crear empatía, rendir memoria y respeto a aquellos, los cuales su voz fue apagada en el clamor de un Panamá en democracia”, sustenta el diputado.
Proyectos archivados y la deuda del PRD
Iniciativas similares a esta han sido presentadas en el pasado ante la Asamblea Nacional, pero no han prosperado.
Para el politólogo e historiador Carlos Guevara Mann, “las víctimas de la dictadura nunca han recibido la reparación que merecen”, y agregó que “el Partido Revolucionario Democrático [PRD] nunca ha reconocido su participación en esos crímenes de lesa humanidad”.
El PRD, colectivo que en la actualidad gobierna el país, fue fundado el 11 de marzo de 1979.
A juicio de Guevara Mann, “Panamá no tendrá un verdadero avance hacia el desarrollo humano hasta que se reconozcan las atrocidades cometidas por la dictadura de los militares y el PRD”.
El proyecto de ley, de ser discutido, deberá pasar por una comisión que controla ese partido y por un pleno legislativo con mayoría PRD.
En 2007, el exalcalde y entonces legislador José Isabel Blandón presentó un anteproyecto de ley similar. Esa propuesta legislativa proponía el 9 de junio como día cívico y de conmemoración de la lucha civilista.
La fecha fue elegida en conmemoración a la desaparición física del sacerdote Héctor Gallegos, el 9 de junio de 1971.
No obstante, la propuesta de Blandón no mencionaba a las víctimas de la dictadura y se enfocó en la lucha ciudadana por la democracia. Tampoco tenía el componente educativo que tiene la iniciativa actual.
Nuevamente, en septiembre de 2017, la entonces viceministra de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Luisa Navarro, presentó ante el pleno de la Asamblea un proyecto de ley muy similar al de Silva. En ese entonces, la Asamblea era presidida por la diputada de Cambio Democrático, Yanibel Ábrego. Y aunque este colectivo apoyó al entonces gobernante Partido Panameñista en varias iniciativas legislativas, el proyecto en cuestión no fue considerado.
Comisión de Educación
El futuro del nuevo anteproyecto pasará, primero, a las manos de los comisionados de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, instancia que preside la diputa Alina González, del PRD. De ser aprobado en primer debate, entonces pasará al pleno legislativo donde será puesto a consideración de los 71 diputados.
