Por orden alfabético y cronológico se detallará en la base de datos de registro de agresores sexuales toda la información relacionada con personas condenadas o que estén cumpliendo condenas por los delitos contra la libertad e integridad sexual en sus diversas modalidades, tráfico de personas menores de edad, y trata de personas con fines de explotación sexual.
Así quedó establecido en el proyecto de ley 51, que crea el Sistema Nacional de Registro Oficial de Ofensores Sexuales, el cual tuvo varias modificaciones en segundo debate. Se espera que hoy el pleno de la Asamblea Nacional lo avale en tercer debate.
Entre los datos que deben mantener en este registro, que estará a cargo del Gabinete de Archivos e Identificación Personal de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), está el nombre completo, apodo, nombre de los padres, lugar de nacimiento, fotografías del rostro, peso y altura, detalle de sus cicatrices, tatuajes o marcas corporales, huellas dactilares y perfil genético.
Además, se estableció que el Gabinete de Archivos e Identificación Personal de la Dirección de Investigación Judicial, al momento de brindar la información solicitada formalmente, se “limitará” únicamente a indicar o certificar, mediante un “certificado de no ofensor sexual, si el nombre de la persona proporcionada por el consultante no se encuentra en el registro”. Solo dará más detalles cuando así se lo solicite una entidad con base a las normas establecidas.
Además, se señala que quienes decidan laborar en centros educativos, parvularios, así como conductores de buses colegiales, deberán presentar la certificación de no agresor.
Serán la Dirección General del Sistema Penitenciario y el Tribunal de Juicio Oral del Ministerio Público los encargados de entregar la información actualizada al Gabinete de Archivos e Identificación Personal de la DIJ sobre las condenas. El proyecto de ley 51 es una de las más de 50 iniciativas legislativas que reposan en la agenda de la Asamblea. En dos semanas, el pleno entra en un receso legislativo.
