El contralor Gerardo Solís, principal responsable de la fiscalización de los fondos públicos del gobierno de Laurentino Cortizo, presentará esta tarde un informe de su gestión ante la Asamblea Nacional, órgano que lo eligió para el cargo el 13 de agosto de 2019.
La cita, de acuerdo a lo que informó la vicepresidente del Legislativo Kayra Harding, está programada para las 3:30 p.m. “El contralor Solís hará su presencia en el hemiciclo en cumplimiento de lo que establece el artículo 198 de la Constitución Política de la República de Panamá”, dice una nota de prensa de la Asamblea. El mencionado artículo dispone que “los ministros de Estado entregarán personalmente a la Asamblea un informe o memoria anual sobre el estado de sus negocios (...)”. A su vez, el artículo 9 del Reglamento Orgánico del Legislativo, establece que es en enero cuándo se presentarán dichos informes.
Solís cerró el 2021 en medio de la polémica que precisamente originó la Asamblea: echó mano de la nueva Ley 258 del 26 de noviembre de 2021, que impulsó el diputado oficialista Roberto Ábrego, que pretende impedir al procurador de la Administración investigarlo por temas administrativos. Citando la mencionada ley, Solís advirtió al procurador Rigoberto González, que si continúa con una investigación sobre la asignación de fondos en concepto de “movilización” a las autoridades de los gobiernos locales, incurriría en “un acto justiciable”. La respuesta del contralor surgió luego de que González le envió una nota en la que le pidió información sobre estos gastos que permiten, por ejemplo, que los alcaldes José Luis Fábrega, Rollyns Rodríguez, Rolando Alex Lee y Héctor Valdés Carrasquilla reciban pagos mensuales por más de $10 mil.
La posición de Solís provocó indignación ciudadana. El abogado y exdefensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada, fue uno de los que se pronunció al respecto. “La postura inaudita del Contralor Solís, en contra vía a su deber y rol institucional. Se alude a supuestos blindajes para verificar procedimientos en el manejo de gastos públicos! El último que apague la luz”, escribió en su cuenta de Twitter.
Mientras que el excontralor Alvin Weeden, aseguró a este medio, que “en el país hay bastante insatisfacción” por el tema del control de los fondos de los gobiernos locales. Añadió que la opinión pública no ve “una acción más dinámica de la Contraloría para parar ciertos abusos contra los bienes del Estado”.
Dádivas de diputados
En otro caso, Solís tampoco encontró “información certera” para determinar si hubo irregularidades en la entrega de dádivas por parte de diputados del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD) en sus circuitos electorales, de bienes que fueron adquiridos con dinero público.
Esto a raíz de que González también le pidiera un “informe explicativo” luego de que el abogado Ernesto Cedeño presentara una denuncia administrativa ante la Procuraduría de la Administración, por las prácticas clientelistas de los diputados, y en la que le exigió una justificación a la Contraloría para el refrendo de los “bienes muebles” que entregaron diputados del PRD.
La Ley 258 del 26 de noviembre de 2021 a la que ha recurrido Solís nació por otra investigación que adelantaba la Procuraduría de la Administración contra Solís, a raíz de posibles irregularidades en un contrato que dio la Contraloría a la empresa Venqis, S.A., por la suma de $49 mil 487, para imagen y relaciones públicas. El propio proponente de la ahora Ley 258, Roberto Ábrego admitió en su momento que la norma surgió porque que la Corte no admitió un amparo de garantías constitucionales interpuesto por Solís, contra una resolución de la Procuraduría de la Administración con la que decidió investigarlo por el contrato de Venqis, S.A. El diputado Ábrego conoce muy bien lo que pasa en la Contraloría, ya que su esposa es Elia Díaz Núñez, directora Nacional de Servicio Exterior, Incentivos Fiscales y Comerciales de la Contraloría.
La Lotería
La Contraloría también determinó “que no hubo ningún tipo de irregularidad en el proceso de cancelación, entrega, venta, devolución y pagos” del Gordito de Zodiaco del 30 de abril de 2021, premio que generó la atención pública, luego de que se denunciaran supuestas irregularidades en la gestión de Lotería Nacional de Beneficencia con respecto a este sorteo. Otra auditoría de la entidad, a cargo de Solís, también certificó que Panamá Ports Company había cumplido con las obligaciones del contrato firmado con el Estado en 1997, y por ende, avaló prorrogar el contrato por 25 años más. Los detalles de la auditoría se desconocen pues la Contraloría declaró “confidencial” el documento.
La ciudadanía también está esperando que el contralor rinda cuentas de la fiscalización a la compras que han hecho las entidades del Estado en medio de la pandemia por la Covid-19. De acuerdo con un cálculo que realizó este medio, basado en información disponible en Panamá Compra, hasta inicios de noviembre pasado, el gobierno había realizado 5 mil 802 compras directas, (con un promedio de 11 por día), por un monto de $969 millones 321 mil.
¿Hablará Solís en el pleno sobre la fiscalización a estas compras? Las expectativas son pocas. El diputado independiente Gabriel Silva informó ayer que ellos no podrán hacer preguntas.
