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ANÁLISIS

La interinidad de Javier Caraballo y su futuro en la Procuraduría

Celia Moreno, Annette Planells y Carlos Lee advierten de los peligros de mantener a un procurador encargado.

La interinidad de Javier Caraballo y su futuro en la Procuraduría
Javier Caraballo en la conferencia de prensa del pasado 14 de junio, sobre el caso de las vacunaciones clandestinas. Román Dibulet

Transcurridos más de tres meses desde que el fiscal superior Javier E. Caraballo Salazar se convirtió en procurador general de la Nación (encargado), persiste la necesidad de que el Ministerio Público salga de esta fase de interinidad y se estabilice la dirección de esta institución de justicia.

De acuerdo con Carlos Lee, presidente de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, es necesario tomar en cuenta el marco constitucional que da una salida a la interinidad.

“Debería activarse el mandato constitucional que consagra el artículo 200 de la Constitución, es decir, el presidente, en acuerdo con su Gabinete, debe hacer la designación del titular para que complete el período de quien ha renunciado”, señaló Lee. Recordó que la reforma constitucional de 2004 pretendía eliminar el suplente del procurador para que el titular designara su reemplazo en ausencias temporales, pero el cargo de suplente se quedó en el texto constitucional.

De hecho, Caraballo fue designado procurador suplente por el Ejecutivo y ratificado por la Asamblea Nacional el 17 de diciembre de 2019. Tres diputados de la bancada independiente se opusieron a su ratificación, porque consideraron que la Constitución era ambigua respecto a la designación del procurador suplente, por parte del Ejecutivo.

Pese a los cuestionamientos a Caraballo luego de su más reciente conferencia de prensa, el pasado lunes, en la que rindió cuentas sobre el caso de las vacunaciones clandestinas en Coco del Mar y Punta Pacífica, la activista de derechos humanos y politóloga Celia Moreno considera que éste debe ser designado como procurador titular, y no solo como encargado.

“Ha demostrado que puede hacer el trabajo. Por ejemplo, con el Senniaf, él sacó adelante casos que tenían 10 años en el Ministerio Público, y dada la coyuntura que vive el país, sería la persona más apropiada”, opinó.

Annette Planells, del Movimiento Independiente (Movin), considera que lo fundamental de esta situación es el rol que desempeñará el Legislativo en cualquier ratificación.

“Lamentablemente, dependes de un Órgano Legislativo para ratificarlo a él o a cualquier figura que el Ejecutivo pueda nombrar en estos momentos. Poner a los diputados actuales, especialmente con la nueva directiva propuesta por el PRD, a ratificar al actual o a cualquier otro procurador, amenaza con teñir la ratificación con la desconfianza”, anticipó Planells.

El PRD, que tiene mayoría de diputados, ya anunció que el elegido para presidir la Asamblea, a partir del 1 de julio, es Crispiano Adames.

Para Carlos Lee, lo importante es que quien sea el procurador titular haya sido examinado apropiadamente por la ciudadanía.

“El actual procurador suplente tiene una larga experiencia en el Ministerio Público. En su actuación en los cargos que ha ocupado, ha asumido investigaciones complejas y de alto perfil, como lo es la investigación de delitos de droga. Sin embargo, creo que debería pasar por el proceso de evaluación, como los magistrados de la Corte Suprema, pues este proceso abre las puertas a la participación ciudadana, que tendría la posibilidad, bien de concursar con otros profesionales y demostrar su capacidad y su reconocimiento o rechazo de parte de los ciudadanos”.

El impacto de la interinidad

El 31 de diciembre del 2024 culminan los 10 años del mandato iniciado por Kenia Porcell (2015-2019), continuados por Eduardo Ulloa (2020-2021) y actualmente por Caraballo. Aunque jurídicamente el procurador encargado podría desempeñar el periodo restante de tres años y medio, sin ser ratificado como titular, esto debilitaría severamente al Ministerio Público.

“Mantener un procurador interino envía un terrible mensaje, porque el Órgano Ejecutivo podría, en cualquier momento, nombrar su reemplazo, por lo que su estabilidad en el puesto queda en entredicho”, dijo Planells.

Lee coincide: “mantener el cargo interinamente da pie para tener injerencia del Ejecutivo en el Judicial”.

Celia Moreno describe la situación como un espacio para la intervención política en la justicia: “si se mantiene la interinidad del cargo, evidentemente el Ejecutivo tendría un peso increíble de manipulación”.


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