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La moratoria total que dicta el proyecto 287 podría caerse

La moratoria total que dicta el proyecto 287 podría caerse
El proyecto de ley 287 fue presentado por la diputada del PRD Zulay Rodríguez. Richard Bonilla

El proyecto de ley 287, que espera segundo debate en la Asamblea Nacional, propone la suspensión por 90 días de los pagos de mensualidad de escuelas y universidades particulares, así como los servicios de electricidad, telefonía fija y de internet, entre otros, sin la necesidad de sustentar la incapacidad de pago.

La iniciativa propuesta por la diputada perredista Zulay Rodríguez incrementa el bono solidario que actualmente distribuye el Gobierno, de $80 a $300. El proyecto tiene divididos a los diputados.

Los perredistas no están convencidos, pues advierten de que ya se han decretado moratorias. Además, que el sector bancario, las empresas financieras y arrendadores la han acogido sin ley.

¿Problemas en el paraíso?

La iniciativa tiene el apoyo de la mayoría de los diputados panameñistas, de la bancada de Cambio Democrático y de los independientes. Pero, fuentes

legislativas aseguran que miembros de la oficialista bancada del Partido Revolucionario Democrático y de su aliado el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, no están de acuerdo con el proyecto. Dicen que lo que se necesitaba ya fue aprobado en otros dos proyectos que podría sancionar el Ejecutivo.

Proyecto de ley 287 aumentaría el bono solidario a $300

El pleno de la Asamblea Nacional tiene en agenda retomar hoy, lunes 6 de abril, la discusión del proyecto de ley 287, que propone la suspensión de los compromisos en bancos, financieras, universidades, colegios, entre otros.

A la iniciativa, presentada por la diputada Zulay Rodríguez, se le adicionaron nuevos artículos que fueron leídos en la sesión del pasado miércoles 31 de marzo, sin embargo, estos todavía deben ser aprobados en segundo debate. Uno de ellos dice que en el caso de que los bancos incumplan la moratoria de 90 días en el pago de préstamos hipotecarios, personales, de tarjetas de crédito, y comerciales, entre otros, serán sancionados, conforme a lo establecido en la normativa respectiva de cada sector.

Otro propone que también se suspenda por 90 días el cobro de los cánones por arrendamientos de oficinas, locales comerciales, y habitacionales, incluyendo la cuota de mantenimiento. Sin embargo, la propuesta indica que para acogerse a esta medida la persona deberá sustentar la incapacidad de pago.

Mientras que en las medidas de suspensión de pagos por 90 días prorrogables, que implica que no habrá que sustentar incapacidad de pago, figuran los contratos de factorajes financieros, las mensualidades de las escuelas y universidades particulares, los pagos de la prima de seguros en todas sus modalidades, y los descuentos directos. En este renglón también están los pagos de servicios públicos: electricidad, telefonía residencial, móvil, internet, fibra óptica y televisión por cable.

“Una vez vencido el término de moratoria establecidos en la presente ley, los acreedores en común acuerdo con el deudor, deberán establecer los mecanismos necesarios para que el deudor cliente pueda retomar y prorratear el pago de sus compromisos en un periodo de 72 meses, sin que ello conlleve el cobro de interés, recargos por mora o cualquier otro pago en concepto de gastos administrativos, ni afectación en su referencia de crédito”, establece la propuesta.

El proyecto 287 establece que se haría un aumento en el monto del bono solidario a quienes se les ha suspendido provisionalmente su contrato laboral o han sido cesados de sus labores. Esto, si es avalado y sancionado por el Ejecutivo, valdría para los trabajadores informales que se han visto afectado por la crisis sanitaria. El monto sería de $300 mensuales. Actualmente los bonos del plan Panamá Solidario que ideó el Ejecutivo son de $80, divididos en cuatro de $20.

La iniciativa legislativa fija un control de precio, no solo para artículos y productos de higiene y limpieza, sino también para alimentos de uso animal en la industria agropecuaria y productos agroquímicos.

Las emisoras

Entre los artículos nuevos hay uno que obliga a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos a adoptar medidas con los prestadores de servicios públicos para que a las radioemisoras se les pueda otorgar una moratoria en el pago de servicio de electricidad y otros por 90 días prorrogables. Aquí argumentan la función social que tiene la radio para mantener informada a la población.

Sin embargo, la propuesta excluye a los demás medios de comunicación que por estos días tienen al día al país sobre los avances de la pandemia.

Este artículo fue impulsado por los diputados Raúl Pineda, Zulay Rodríguez, Miguel Fanovich, Hernán Delgado, Alaín Cedeño, Ariel Alba, Tito Rodríguez, Dalia Bernal, Luis Ernesto Carles, Manolo Ruiz, y Crispiano Adames. Algunos están ligados a sociedades dueñas de emisoras y otros tienen programas de radio.

“Una vez levantada la declaratoria de emergencia nacional los pagos suspendidos a la radio emisoras serán diluidos en un término de dos años. Las empresas prestadoras de servicio públicos no podrán cobrar cargos adicionales a las radioemisoras nacionales, ni cortar el servicio que le prestan por la deuda que se declare en mora”, dice la propuesta.

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