La Policía Nacional (PN) y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) también se desvincularon de 14 armas de fuego decomisadas por la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada el 14 de julio pasado, como parte de la llamada Operación Furia.
Inicialmente, la fiscalía vinculó estas 14 armas al Servicio Nacional Aeronaval (Senan), pero las autoridades de esta entidad confirmaron a comienzos de octubre pasado que no era así.
Ahora, en comunicaciones oficiales fechadas el 29 de octubre y el 2 de noviembre pasado, las autoridades de la PN y del Senafront hicieron lo propio, respectivamente.
Las tres instituciones respondieron a solicitudes de información presentadas por el abogado Julio Macías, quien conduce la defensa del exdirector del Senan Belsio González, uno de los nueve imputados en el proceso.
De acuerdo con Macías, de las 14 armas que la fiscalía atribuye a su cliente, solo 2 están registradas a su nombre: una de él y otra que donó al Senan. Las otras 12, dijo, fueron importadas al país por la empresa Aerotécnica de Panamá, S.A.
En la Operación Furia, la fiscalía decomisó 34 armas que, según la investigación, fueron introducidas a Panamá de forma ilegal por exfuncionarios y particulares, entre 2012 y 2019.
Los demás imputados son los exdirectores de la PN, del Senafront y del Consejo de Seguridad Nacional, Omar Pinzón, Frank Ábrego y Rolando López, respectivamente. Asimismo, Juan Pineda, exjefe de escoltas del Senan; Luis Zegarro, exdirector de la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública; Rafael Bárcenas, exdirector de la Autoridad Aeronáutica Civil; el abogado Roberto García Dapena, y Jack Btesh, de la empresa Aerotécnica de Panamá, S.A., que tramitó la importación de las armas al país.