Alquiler de carros en medio de la pandemia parte 2. Así se le podría denominar a la nueva licitación pública que lanzó el Ministerio de la Presidencia para arrendar 107 vehículos en un costo estimado de $ 3.3 millones.
En total, este ministerio arrendará 36 SUV ($1.3 millón), 38 sedanes ($892 mil 395), 12 pick up doble cabina ($388 mil 580), 15 buses ($568 mil 578), y 6 paneles ($201 mil 780), para un periodos de 24 meses contados a partir de la orden de proceder. Todos estos carros estaban incluidos en la licitación que se celebró el año pasado, pero en ese momento la comisión evaluadora del acto público sugirió al vicepresidente y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, que solo adjudicara dos renglones, el de los correspondientes a las 144 camionetas 4x4 ($6.6 millones), contratos que fueron asignados a Panamá Car Rental S.A. e Intermarketing Inc. (Thrifty). Entre los motivos que la comisión argumentó para declarar desiertos los mencionados renglones figuró el hecho de que las propuestas presentadas no cumplían con los requisitos del pliego de cargos, o eran riesgosas.
Nada de cabildeo, dice el pliego de cargos
De acuerdo con el pliego de cargos, la adjudicación se hará por renglón. También establece que los proponentes deberán garantizar su participación en el proceso a través de una relación “a distancia y libre de cabildeo” dirigido a los funcionarios de la Presidencia.
La fecha y las condiciones
La presentación de propuestas y apertura de sobres de este nuevo proceso será el próximo 24 de marzo a las 10:00 a.m. en el anfiteatro de la Presidencia, de acuerdo con la información que reposa en el pliego de cargos disponible en Panamá Compra.
Todos los carros deberán ser nuevos o por lo menos haber sido fabricados mínimo en 2019, y su recorrido no podrá superar los 40 mil kilómetros.
Deberán ser entregados con papel polarizado tipo intermedio, y tienen que tener el sistema Panapass para transitar por los corredores viales de la capital. Según el pliego de cargos, el arrendador deberá guardar “reserva y confidencialidad” de toda la información relativa al uso y destino de los vehículos arrendados, “en virtud de razones de seguridad”.
El gasto en alquiler de carros se hará en medio del complejo escenario económico nacional, producto de la pandemia por la Covid-19. Solo el pasado domingo se reveló que la estimación más reciente del Ministerio de Economía y Finanzas sobre el desempeño de la economía en 2020 apunta a una contracción de 17% en el producto interno bruto (PIB) real.
El déficit fiscal es de $5,350 millones, producto de una fuerte caída de ingresos y un aumento de gastos.
Sin embargo, desde la Presidencia, el año pasado defendieron el proceso. El vicepresidente Carrizo alegó que representaba un ahorro considerable en comparación al contrato de la administración pasada. Otros funcionarios también dijeron que los vehículos se usarían para atender programas sociales del Gobierno.