Existe un refrán que dice: “Si no está dañado, no lo arregles”.
Al parecer el joven Ministerio de Cultura tiene la intención de arreglar cuatro patronatos que administran parte importante del patrimonio inmobiliario de alto valor cultural para el país.
Los cuatro patronatos afectados con la propuesta, contenida en el anteproyecto de ley 134, actualmente en consideración en la Asamblea Nacional, se han unido para expresar su rechazo.
Los patronatos del conjunto monumental de Panamá La Vieja, el de Portobelo y San Lorenzo, y los del Teatro Nacional y el Museo Reina Torres de Araúz han puesto su grito en el cielo ante la actitud del Ministerio de Cultura de impulsar el proyecto de ley 134, sin consensuar con ellos.
El proyecto de ley 134 tiene 19 artículos. Aunque la versión que aparece en el sitio web de la Asamblea Nacional concluye con el artículo 14, en realidad la numeración está incorrecta y repite números de artículos, para contenidos distintos.
En fin, los 19 artículos cambian las reglas del juego con respecto a la gestión de los patronatos mencionados.
El proyecto de ley pretende que los estatutos y los reglamentos internos de los patronatos sean aprobados por el Ministerio de Cultura, cartera que también debe avalar la designación de los directores ejecutivos y administradores.
Además, el Ministerio de Cultura tendría la facultad para disolver el patronato y conformarlo con miembros nuevos, excluyendo a las personas que anteriormente hayan formado parte de los mismos.
Ayer, la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional sesionó con la participación del Ministro de Cultura, Carlos Aguilar, quien enfatizó que este proyecto lo que busca es combatir la desigualdad en materia cultural. Se quejó de que las familias pobres no podían visitar algunos de los sitios patrimoniales por los altos costos que representan las tarifas de entrada.
Igualmente, el economista y cineasta Aguilar destacó lo elitista que es la administración del Teatro Nacional, ya que el precio más barato de un evento desde que se reabrió el teatro “fue de 15 dólares para un ballet folclórico... en el gallinero”.
Tanto el diputado Héctor Brands, presidente de esta Comisión, como el Ministro Aguilar comentaron en sus discursos la necesidad de hacer cambios para que los patronatos no puedan enajenar los bienes a su cargo.
Se quejaron de la falta de equidad para los pobres, mencionando el caso de los grupos “afro”, ya que un espectáculo de bailes congos, por ejemplo, no se podría presentar en el Teatro Nacional con los criterios actuales del patronato.
Los patronatos afectados divulgaron ayer un comunicado, en el que expresaron “... que en la eventualidad que se aprueben las nuevas reglas y normativas, los Patronatos ... nos veremos obligados a no continuar colaborando como hasta la fecha en las labores de conservación, investigación, rescate y revalorización de nuestro patrimonio cultural.”
Existe un precedente de esta situación. En el gobierno pasado, el exministro de Ambiente Emilio Sempris, en un dejo de populismo, eliminó el cobro por la entrada a las áreas protegidas. El resultado consiguiente fue que, tanto visitantes como funcionarios, quedaron en situaciones precarias.
Ese no es el camino que debe seguir la cultura. Basta tomar en cuenta al Museo de Ciencias, al de Historia, los bustos de la avenida de los poetas o los incontables museos en provincias, o la colección de documentos de los archivos nacionales para percatarse lo que puede suceder.
El Reina Torres de Araúz ha estado cerrado durante cuatro gobiernos y solo empezó a ver una esperanza con un patronato.
Siempre se puede mejorar lo existente y, seguramente, los patronatos no han sido perfectos, pero mucho menos lo ha sido el Estado. Sería una gran tragedia que cuando finalmente se estableció un Ministerio de Cultura, Panamá pierda todo lo alcanzado con los patronatos.