Como si el criterio profesional de al menos 42 asociaciones médicas no importase, y la opinión del presidente de la República y de connotadas personalidades de la comunidad médica no valieran de nada, la controversia sobre las certificaciones médicas persiste. Y no solo eso: amenaza con intensificarse todavía más.
En efecto, ya se cumplió una semana desde que fue publicada en Gaceta Oficial la Resolución 1 del 3 marzo de 2021 del Ministerio de Salud (Minsa) y, aunque el presidente Laurentino Cortizo dio por descartada su derogación no solo una vez, sino dos, y pese al sostenido pronunciamiento en contra de gremios médicos, el Consejo Interinstitucional de Certificación Básica de Medicina sigue sin tomar ninguna decisión al respecto.
El consejo se reunió el pasado lunes con el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, y este, al día siguiente, anunció durante una gira por el Instituto José Dolores Moscote que se le había solicitado a los miembros de esa instancia derogar la polémica resolución. Luego, el consejo se reunió por lo menos el martes y el miércoles, según confirmaron a este diario en la oficina de prensa del Minsa, pero, como se dijo, no adoptó la reclamada derogatoria.
En este escenario, los tres representantes de la Universidad de Panamá ante el consejo –Rafael Aparicio, Américo Lombardo y Gerardo Victoria– renunciaron ayer.
La información fue confirmada por Lili Espino, del Colegio Médico de Panamá, que también forma parte del Consejo Insterinstitucional.
Subcomisión recibirá opiniones
Los participantes de la reunión realizada ayer por la subcomisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional tendrán de 48 a 72 horas para entregar de manera documentada sus consideraciones. Las mismas serán agregadas al informe para el debate del proyecto de ley 525, que modifica la Ley 43 de 2004, la cual crea el régimen de certificación y recertificación médica.
Espino dijo desconocer las razones de estas tres personas para renunciar y dijo que habría que preguntarles a ellos, aunque admitió que las presiones han sido muchas.
Mientras, en redes sociales circuló una carta firmada por Américo Lombardo y dirigida al ministro Sucre, en la que renunció de manera irrevocable al consejo. “Me separo de este Consejo con la satisfacción de haber cumplido a cabalidad con las leyes y reglamentos que regulan el funcionamiento de este organismo”, se aprecia en la nota, del 10 de marzo.
Actividad en la AN
Como si esto fuera poco, ayer se reunió la subcomisión creada por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional (AN), para consultar a las partes involucradas y elaborar un informe sobre el proyecto de ley 525 que, precisamente, en la misma línea de la polémica Resolución 1 del Minsa, modifica la Ley 43 de 2004, que crea el régimen de certificación y recertificación de los profesionales y especialistas técnicos de la salud.
En la sesión de la subcomisión –presidida por el diputado del oficistalista Partido Revolucionario Democrático (PRD) Mariano López– participaron profesionales del sector salud y funcionarios en representación del Minsa y la Caja de Seguro Social (CSS).
La primera que intervino fue Espino e insistió que el Colegio Médico de Panamá solicita el retiro del proyecto de ley 525 que, según afirmó, atenta contra la debida certificación de los médicos. “Los profesionales de la medicina reconocemos la importancia de implementar el proceso de certificación y recertificación médica que renueva al personal que brinda atención al bien más valioso de una persona, que es su vida” , dijo.
Gustavo Santamaría, de la CSS, dijo que esta entidad siempre piensa primero en los pacientes. “Así que todo lo que es en pro de la excelencia académica del personal de salud, la CSS lo avala y lo apoya”, expresó.
El diputado Víctor Castillo (PRD) afirmó que con la iniciativa no busca denigrar ni atentar contra la salud de los panameños. “Lo que pretendemos es unificar y ser totalmente responsables y darle a esos jóvenes que estudian en universidades privadas en Panamá y que de una u otra forma no se ha dado una equidad en la formación de ellos en el examen” dijo.
Por su parte, el también diputado del PRD Crispiano Adames señaló que lo que se pretende es que el organismo que practica estas pruebas esté en Panamá y que el examen valore conocimientos y destrezas.
Adames reveló que el jueves pasado habló con Cortizo y le aseguró que no se quiere eliminar el examen, sino fortalecerlo.
López hizo un llamado a Cortizo y le afirmó que “hay un problema” que se debe resolver y es la posible falta de personal médico. “No estamos en desacuerdo de que se haga el examen, pero que sea uno de los parámetros” para la certificación.
El proyecto de ley busca, entre otros aspectos, que la prueba se efectúe después y no antes del internado. La Resolución 1 del Minsa, por su lado, bajó de 405 (41.5%) a 360 (34.5%) el porcentaje mínimo requerido para la certificación de los graduados de medicina.