Un mes antes que comenzara el proceso de inmunización contra la Covid-19 en el país, la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitía su criterio sobre la aplicación de la vacuna: no debía ser obligatoria.
Los expertos del organismo internacional plantearon que las personas deben tener a su disponibilidad toda la información sobre las vacunas para protegerse de la Covid-19 y tener la libertad de tomar una decisión sobre inmunizarse o no.
“Tenemos que convencer y persuadir a las personas y hablar con ellos sobre esto. Hay circunstancias específicas en que los Gobiernos tendrán que exigir estos requisitos de las vacunas, pero todos los que trabajamos en salud pública quisiéramos evitar que esto se convierta en un medio general para lograr que la gente se inmunice. Estaremos mucho mejor presentándole a las personas los datos, los beneficios y dejar que ellos decidan por sí mismos”, aseguró el director de emergencias de la OMS, Michael Ryan
En Panamá, la vacunación es voluntaria, aunque esta semana el presidente de la República, Laurentino Cortizo, lanzó una advertencia la cual sugiere que la vacuna podría ser obligatoria para los servidores públicos.
“La obligación de todos los funcionarios es de vacunarse”, dijo, al tiempo que señaló que está “analizando” la posibilidad de que los funcionarios que no estén vacunados “se vayan de licencia sin sueldo a su casa”.
Lo señalado por Cortizo ocurre en otros países, como Canadá, o ciudades de Estados Unidos, como Nueva York. Por ejemplo, el gobierno canadiense anunció el viernes que todos los funcionarios federales deberán vacunarse contra la Covid-19, en medio de una cuarta ola de la pandemia, mientras que en Estados Unidos, el estado de Nueva York también informó recientemente la vacunación obligatoria de sus funcionarios o someterse a un test cada semana debido a la creciente inquietud ante la variante Delta.
Pero, ¿qué piensan especialistas médicos en Panamá?
Enrique Mendoza, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, subrayó ayer que el debate es difícil y complejo sobre cómo hacer el balance entre el bienestar, la salud y la seguridad de la población, respetando los derechos individuales. “Nadie tiene la respuesta correcta a ese debate”, puntualizó.
En palabras de Mendoza, una buena parte de la población panameña ha respondido vacunándose; al rechazo a las vacunas no es comparable al que existe en otros países.
En ese contexto, planteó que el Ministerio de Salud (Minsa) debe presentar cifras claras de cuántos panameños han rechazado la vacuna, ya que sólo existe data de los vacunados.
Las estadísticas del Minsa precisan que al menos un 58% de la población ha recibido al menos una dosis, lo que equivale a casi 2.5 millones de personas. Un 20% ha completado el ciclo de inmunización, lo que significa que recibió las dos dosis.
A juicio de Mendoza, no se comprenden medidas coercitivas si no se demuestra que existe un problema sobre el tema de las vacunas.
Su mensaje es que se debe hacer hincapié en la educación de las personas que rechazan la vacunación.
“Hay que comprender que el panameño tiene 18 meses de estar viviendo una situación de estrés única en 103 años. Muchos han perdido sus familiares, han enfermado, han perdido sus trabajos y temen perder sus derechos individuales. El rechazo a la vacunación es una expresión de analfabetismo en salud. La respuesta es educar, no medidas coercitivas”, aportó.
No obstante, el especialista en salud pública, Jorge Luis Prosperi, consideró que la inmunización debe ser obligatoria, es decir, que las personas acepten la vacuna.
“No se puede no hacer nada y entiendo que la posición de la OMS es la políticamente correcta. Mi posición es que debería ser obligatoria, porque con las vacunas salvamos más vidas”, dijo.
Agregó que si como país no llegamos a tener un 80% o 90% de cobertura contra la Covid-19, no vamos a controlar la epidemia y seguirá falleciendo la población.
Mientras que el exviceministro de Salud, Carlos Abadía, argumentó que la aplicación de la vacuna no debe ser obligatoria, pero sí debe tomarse en cuenta para ciertos requisitos o actividades.
“Está el derecho de la persona a no vacunarse, pero cuando ese derecho afecta el de los vacunados, entonces sí hay que analizar el tema”, manifestó Abadía.
Usó como ejemplo la vacuna contra la fiebre amarilla, la cual no es obligatoria, pero para entrar a Brasil se necesita. Incluso, el médico subrayó que cuando más del 50% de las personas del país haya recibido sus dos dosis, la vacuna podría ser un requisito para ingresar a negocios, como restaurantes.
De momento, las autoridades del Ministerio de Salud intentan ganar tiempo y buscan acelerar la vacunación ante la presencia de la variante Delta en seis provincias. La meta es aplicar dos dosis al 85% de la población en diciembre.
Hasta ayer se había aplicado un total 3.2 millones de dosis. El desafío de las autoridades de salud es aplicar 6 millones de dosis en octubre y 7.3 millones en diciembre.
