Para la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, el gobierno de Laurentino Nito Cortizo se ha quedado corto en cumplir con el compromiso anticorrupción que adquirió hace dos años cuando era candidato a la presidencia.
El Reto por la Transparencia, lanzado e impulsado por esa organización de la sociedad civil, plantea acciones puntuales a las que se comprometieron los candidatos a impulsar en temas de transparencia y rendición de cuentas.
El balance de la situación fue presentado ayer en un conversatorio organizado por esa fundación en el marco del Día Internacional contra la Corrupción, proclamado así por Naciones Unidas cada 9 de diciembre.
El papel de lo privado
Más allá de la voluntad política del Ejecutivo para afrontar estos temas, Olga De Obaldía recalcó que para que haya corrupción siempre se necesitan dos, como para bailar un tango. Hizo un llamado al sector privado para que unificadamente se abstenga de participar en contrataciones dudosas o directas. Citó, por ejemplo, el caso del financiamiento privado de las campañas electorales, donde se evidencian conflictos de interés con empresas allegadas a funcionarios.
Olga De Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, explicó que en muchos de los compromisos adquiridos no ha habido acción por parte del Ejecutivo.
Por ejemplo, de las 12 leyes anticorrupción que Cortizo se comprometió a impulsar ante la Asamblea Nacional en su primer año de mandato para mejorar la transparencia, no se ha presentado ninguna. Estas incluyen normas para evitar el conflicto de interés, la protección de denunciantes, y leyes anti-soborno, entre otras.
Sin embargo, existen propuestas en el Legislativo que abordan algunos de estos temas.
El Reto, firmado en su momento por Cortizo y otros cinco candidatos a la presidencia, contempla además acciones puntuales para mejorar la transparencia en cuanto a la contratación pública. Según el informe presentado por De Obaldía “la reforma a la Ley 22 de Contrataciones Públicas se queda corta y genera ambigüedades en cuanto a la lucha anticorrupción”.
Un aspecto que la fundación califica de satisfactorio es la acción del Ejecutivo con los nombramientos de magistrados en la Corte Suprema de Justicia. En este proceso, el informe resalta de forma positiva que el Ejecutivo actual se haya desviado de la “tónica” de los últimos 10 años, época en que se propusieron magistrados de la Corte allegados al círculo cercano de los gobernantes.
Finalmente, en cuanto a rendición de cuentas y acceso a la información, De Obaldía detalló que la pandemia ha generado el “caldo de cultivo para la corrupción”, pues se han habilitado fondos y se ha abusado de la figura de contratación directa.
En el conversatorio participaron, además, Patricia Pérez Prieto, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y Jorge Valladares Molleda, de Transparencia Internacional desde Berlín, Alemania. Además de temas de transparencia se conversó sobre la pandemia y la corrupción mediante una perspectiva de género. También se abordó el tema del dinero en la política en referencia al financiamiento electoral en Panamá.
Pérez Prieto manifestó que la pandemia “ha aumentado ciertas brechas y ha vuelto a personas vulnerables”. En relación a la perspectiva de género, recalcó que en la primera línea de atención contra la Covid-19 están las enfermeras, en su gran mayoría mujeres, quienes han denunciado falta de pagos y situaciones laborales inestables.
Por su parte, Valladares trajo a colación el tema de financiamiento electoral y manifestó que Panamá cuenta con un financiamiento público “muy generoso”.
Además, considera que se deben hacer avances en la digitalización de la información existente sobre donaciones privadas para generar una fiscalización más eficiente y oportuna que evidencie posibles conflictos de interés.