Argumentando de que no existe riesgo de destrucción de pruebas, el Tribunal Superior de Apelaciones, integrado por Miriam Jaén, Karolina Santamaría y Eric Vergara, le reemplazó la medida cautelar de detención preventiva a retención domiciliaria al médico Leonardo Labrador, uno de los investigados por el negociado en las pruebas de hisopados para los viajeros a las islas del Pacífico.
El tribunal también sustentó que no era necesaria su detención, ya que Labrador fue destituido del Ministerio de Salud (Minsa). El exfuncionario está procesado por la presunta comisión de los delitos contra la salud pública y corrupción de servidores públicos.
Durante la audiencia Labrador no pudo contener el llanto cuando se le dio la palabra. El exdirector nacional de Epidemiología del Minsa dijo que siempre ha colaborado con la investigación. Ante el Tribunal dijo estar preocupado por estar detenido debido a que no puede trabajar y así pagar la pensión alimenticia de su hijo.
Comentó también que en la sede de la Policía Nacional (Ancón), donde estaba detenido desde el pasado 9 de febrero, se vio obligado a dormir en el piso junto a varios criminales. El 9 de febrero, en la audiencia de imputación de cargos, su defensa había anunciado el recurso de apelación, y por esta razón fue que ayer se celebró la audiencia de apelación.
Los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones también confirmaron las medidas de retención domiciliaria para Ana Lorena Chang, esposa de Labrador; y de la laborista Carmen Arosemena. Estas medidas fueron impuestas por un Tribunal de Garantías el pasado 9 de febrero. Para ratificar la medida cautelar a las dos investigadas por el presunto delito contra la administración pública, los magistrados sustentaron que no hay riesgo de destrucción de pruebas. La Fiscalía Anticorrupción, representada por el fiscal Omar Jaén, solicitó al Tribunal que les decretara detención provisional.
Sin embargo, los magistrados del tribunal determinaron en la audiencia que no era necesaria la detención para resguardar elementos investigativos, ya que Chang fue destituida de su cargo como directora de Salud Pública de la regional Metropolitana del Minsa.
Mientras que Arosemena también fue separada del cargo de jefa de laboratorio del Centro de Salud de Las Mañanitas, por lo que dijeron que no hay amenaza de que destruyan pruebas.
Al finalizar la audiencia, el fiscal anticorrupción Omar Jaén manifestó que continuará realizando las investigaciones y buscando más elementos de convicción.
La fiscalía tiene un plazo de seis meses para seguir reuniendo pruebas del caso.
