Cada día, en promedio, llegan al Ministerio Público 20 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual, una cifra que refleja un incremento respecto a los últimos años.
Este año no ha sido la excepción, ya que los reportes de la entidad muestran que entre enero y septiembre de 2021 se presentaron 5 mil 365 denuncias de este tipo, un 36% más que durante el mismo periodo de 2020, cuando hubo 3 mil 943.
En el informe sobresalen regiones con elevados incrementos. Entre ellas, las comarcas Emberá, Guna Yala y Ngäbe Buglé, donde se reportan aumentos del 487%, 110% y 79% en las denuncias, respectivamente.
Este año se conoció de varias agresiones sexuales a adolescentes y mujeres migrantes, quienes se adentraron a la selva por las comarcas Emberá y Guna Yala, para llegar a la provincia de Darién donde están las estaciones receptoras de migrantes.
Lo anterior, junto a los decesos de personas que se registran en esa zona inhóspita del país, obligó a que el Ministerio Público habilitara un representante en la comunidad de Bajo Chiquito, comarca Emberá, primer sitio al que llegan los migrantes una vez cruzan el vecino Colombia.
Además de las violaciones, los reportes estadísticos hacen referencia a un incremento en el país, este año, de los casos de corrupción de menores y pornografía infantil, con 78% y 77%, respectivamente.
Fiscalización
Roderick Chaverri, integrante de la Red Nacional de Apoyo a la Niñez y Adolescencia en Panamá, calificó como “preocupante” lo que ocurre en las comarcas indígenas, ya que son áreas donde se reporta un número lamentable de agresiones sexuales y hay poca presencia del Estado.
“Son lugares distantes a los que hay que llegar, para evitar este tipo de delitos”, subrayó el activista.
Chaverri también se refirió a los casos de pornografía infantil. Hizo una recomendación a los padres de familia: “Lo primero, a los padres es que deben tratar de tener un sistema de monitoreo y restricciones en internet. Igualmente, para aquellos que trabajan, aunque sea difícil, revisar cuando lleguen a casa el historial de búsqueda de sus hijos en las computadoras o los aparatos móviles”.
En palabras del también abogado, como Estado se está haciendo todo mal en el tema de la niñez. En ese contexto, mencionó que se deben efectuar campañas constantes de sensibilización, tanto para estudiantes como para padres de familia en este tema. “También debemos fortalecer las normativas que rigen la materia, ya que son débiles”, concluyó.
En junio de este año, el Ministerio Público, a través de la Secciones de Atención Primaria de la Fiscalía Metropolitana, Panamá Oeste y San Miguelito, en conjunto con la Policía Nacional, llevaron a cabo una operación en las provincias de Panamá y Panamá Oeste; seis personas fueron detenidas.
Esta operación, que fue dirigida desde Brasil, se extendió a Argentina, Estados Unidos, Ecuador y Paraguay, con el objetivo de combatir los delitos de abuso y explotación sexual en internet contra niños, niñas y adolescentes.
Entre los equipos tecnológicos decomisados en las distintas diligencias realizadas por el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional estuvieron ocho discos duros, 41 dispositivos de almacenamiento o memorias, 411 discos compactos, cuatro computadoras, 16 computadoras portátiles, seis tabletas y 24 celulares.
Según las autoridades, en varios de los dispositivos se ubicaron imágenes y videos de pornografía de menores de edad.
Frontera y niñez
Para Walkiria Chandler D’Orcy, diputada suplente e integrante de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, es un drama terrible lo que viven niñas, adolescentes y mujeres migrantes víctimas de agresiones sexuales en la frontera entre Panamá y Colombia.
Dicha comisión, durante una inspección sorpresa a los albergues de migrantes en Darién, recibieron reportes de 170 casos de agresiones sexuales. La información les fue suministrada por la organización internacional Médicos Sin Fronteras, la cual se encuentra brindando atención a los caminantes que llegan a las estaciones de Bajo Chiquito, en la comarca Emberá, así como Lajas Blancas y San Vicente, en Darién.
“La migración es asunto que nos compete a todos. Ellos son seres humanos y necesitan protección”, dijo.
En lo que respecta al país, la diputada indicó que Panamá le ha fallado a su niñez, ya que hay estancados en la Asamblea Nacional varios proyectos que buscan la protección de esta población.
Su mensaje fue claro: “No se contempla a los niños en la agenda nacional del país”.
