Los nombramientos con criterio político y clientelar que han caracterizado a administración tras administración, y la ausencia de la implementación de una carrera administrativa son temas que vuelven a la agenda pública en momentos en que dos funcionarios del gobierno de Laurentino Cortizo son procesados en distintas instancias por faltas a la ética, posible peculado de uso, y transgredir decretos del toque de queda.
Los investigados, José Ruiloba Pineda, jefe de personal del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial; y Pedro Ortiz, quien hasta el pasado lunes fue asesor de la Autoridad de Aseo, son dos ejemplos de la manera como se nombra en una buena parte de las instituciones del Estado: por recomendación de los diputados más influyentes del Partido Revolucionario Democrático (PRD), o por otros caciques del partido gobernante. Hay excepciones, pero los méritos, las capacidades, y la preparación académica, en muchos casos no son tomados en cuenta.
Ruiloba Pineda, quien en 2016 fue detenido por supuestamente traficar cigarrillos de contrabando, es sobrino del diputado perredista Raúl Pineda. Mientras que Ortiz era ficha de otro peso pesado de la Asamblea: Crispiano Adames.
Pero, el poder en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), no es exclusivo de Pineda, de acuerdo a fuentes del PRD, el que verdaderamente manda en esa institución es el diputado bocatoreño Benicio Robinson, quien además tiene el control de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) y de otras oficinas públicas. La subadministradora de la Anati es Arelys del Carmen González, ficha de Robinson, y quien de acuerdo a fuentes de la entidad, es quien toma las decisiones más importantes.
Algo similar ocurre en el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacional (Idaan), que está bajo el dominio de la familia Torres, veteranos perredistas de Veraguas, cuyas principales caras son Guillermo Torres, director del Idaan; y Ricardo Torres, el diputado jefe de bancada del PRD, en la Asamblea. Pero el secretario General del PRD, Pedro Miguel González, también tiene puestos en esa entidad. Su hermana Luz Amalia González Pinzón, es la secretaria general, quien a su vez es madre de Quibián Panay, secretario general de la Asamblea. Otro ejemplo de la repartición de instituciones según las cuotas políticas, está en el Banco Hipotecario Nacional, cuya gerencia ejerce Gean Marc Córdoba, recomendado por la diputada Zulay Rodríguez.
Fuentes del propio Ejecutivo aseguran que durante los primeros meses de gobierno operaba una especie de “comisión de nombramientos”, que antes de hacer una designación en el Gobierno tenía en cuenta principalmente dos cosas: la trayectoria política y por quién era referido el aspirante. En ese grupo estaban representantes de diputados del PRD, y de Pedro Miguel González.
Sin embargo, el gran pastel de la planilla estatal no se limita a las porciones de los diputados. Buena parte lo administra el vicepresidente y ministro de la Presidencia José Gabriel Carrizo, quien, de acuerdo a fuentes de Palacio, tendría poder en ministerios clave como el de Obras Públicas, y el de Comercio e Industrias, que están liderados por Ramón Martínez, y Rafael Sabonge, quienes forman parte de su círculo cero. Puestos claves en Tocumen S.A. y el Banco Nacional, entre otras entidades, también estarían bajo su mando.
Carrizo ponderó el papel del PRD en la gestión de la pandemia. Lo hizo el pasado viernes en una gira por Herrera. Allí dijo que es una “ventaja de que el PRD esté gobernando, porque cuenta con la gente mejor preparada para superar esta crisis”. Los diputados perredistas Julio Mendoza, Alejandro Castillero y Marcos Castillero le escuchaban. Precisamente fue el Ministerio de la Presidencia, de donde surgió el primer movimiento para desmantelar la carrera administrativa. En septiembre de 2019, a solo dos meses de gestión, decretos emanados del Ejecutivo dejaron sin efecto artículos de la Ley 23 de 2017 que reformó la carrera administrativa, y equipararon la experiencia con requisitos académicos para hacer los nombramientos.
De acuerdo a David Montenegro, exadministrador de Dirección de la Carrera Administrativa, los nombramientos que se han dado al margen de esa última disposición “son ilegales” porque en su artículo 25 la norma señala que la única forma de nombramiento es por concurso. “Lo que se tenía que mejorar y fortalecer se suspendió para hacer del servicio público un botín político”, dijo, al tiempo que advirtió que “todo lo que está pasando es consecuencia de la inoperancia y desarticulación ilegal de la carrera administrativa. “Hoy, más que nunca, necesitamos funcionarios leales al país y no a los partidos políticos”, argumentó.