Mientras el Ejecutivo ha planteado una serie proyectos de ley para reforzar el marco legal contra el blanqueo de capitales y propone elevar las multas hasta $5 millones, el sector privado recuerda tareas que tienen pendientes distintos órganos del Estado para facilitar la salida de listas discriminatorias.
Ayer, el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, José Ramón Icaza, recordó que hace más de un año se aprobó la ley para crear un registro de beneficiarios finales, pero la base de datos aún no ha visto la luz; señaló que tampoco se han completados las designaciones en la junta directiva de la Superintendencia de Sujetos No Financieros; y que en ocasiones las autoridades no han remitido información a otras jurisdicciones, a pesar de disponer de ella.
Enfatizó que en materia de certeza del castigo, la justicia “no ha hecho su labor” y destacó que la designación de nuevos magistrados este año es una oportunidad para mandar un mensaje fuerte de cambio en ese órgano del Estado.
