Cuando un fiscal o un juez conoce de un caso “es porque hay dos partes en conflicto y una de estas va a estar muy enojada con los resultados”.
Así se expresó la exprocuradora de la Nación Ana Matilde Gómez al reaccionar a la querella penal interpuestas por el expresidente Ricardo Martinelli contra de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia Harry Díaz y Jerónimo Mejía.
En dicha acción, el exgobernante pide que se investigue a Díaz y a Mejía por los delitos de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos, supuestamente cometidos cuando los magistrados actuaron en el caso de los pinchazos ante la Corte.
Martinelli exige $5 millones de dólares a cada querellado como indemnización.
La querella fue interpuesta a cuatro días de que se inicien las sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional, en las que solo se pueden conocer de los asuntos por las que fueron convocadas por el presidente Laurentino Cortizo: la ratificación de tres nuevos magistrados principales y seis suplentes de la Corte.
La Asamblea también tendrá la oportunidad de ratificar al nuevo Procurador de la Nación que designe Cortizo.
Mejía se postuló para un nuevo término en la Corte y ha sido mencionado como posible candidato para la Procuraduría General.
Según el constitucionalista Carlos Bolívar Pedreschi, las querellas de Martinelli buscan otro propósito y, a su juicio, no importa lo que pase, “el expresidente Ricardo Martinelli tiene más que perder que ganar con esta querella”.
La responsabilidad legal que cabe a Díaz y a Mejía por la detención en Estados Unidos, la extradición a Panamá y la detención preventiva del expresidente es nula, ya que fue el resultado de una decisión colectiva del pleno de la Corte.
Una simple revisión del artículo 490 del Código Procesal Penal así lo revela: “Medidas cautelares. En la fase de investigación y en la fase de juicio, corresponderá al Pleno de la Corte Suprema de Justicia autorizar la aplicación de toda medida cautelar restrictiva de la libertad del Diputado...”.
Esto significa que los magistrados Harry Díaz y Jerónimo Mejía carecen de responsabilidad por la privación de libertad que tuvo el expresidente de la República. Ni Díaz ni Mejía votaron en los Plenos que decidieron la extradición o la detención provisional del exmandatario.
La exprocuradora Ana Matilde Gómez considera que la acción contra los magistrados busca intimidar a la justicia. “Cada vez que hay medidas de coacción, cohersión o venganza contra los operadores de justicia, se inhibe más la autonomía judicial y se destruye el imperio de la ley”, opinó.
Hoy, en España, la Audiencia Nacional avanzará el proceso que se sigue a la constructora FCC por sobornos presuntamente pagados para obtener contratos en Panamá durante el gobierno de Martinelli.
Sea cual sea la motivación de las querellas, estas producirán temor en los operadores de justicia en una etapa clave de estos casos penales, y afectarán la selección de magistrados de la Corte y del Procurador General de la Nación.