Como si se tratara de alguno de los gloriosos delanteros de la selección brasileña de fútbol, el Supremo Tribunal Federal le asestó tres duros golpes a la justicia brasileña con sendas decisiones que anularon la condena del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva por peculado y blanqueo de capitales.
El político, que fue presidente del país más grande de América Latina entre 2003 y 2010, fue condenado a 9 años y 6 meses de prisión por el entonces juez federal Sergio Moro, asentado en la ciudad de Curitiba, estado de Paraná, el 12 de julio de 2017, por haber recibido un soborno de 1.1 millones de dólares de la empresa constructora OAS. La condena fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones de Porto Alegre de forma unánime y la pena de prisión fue aumentada a 12 años y 1 mes por dicho tribunal. El 4 de abril de ese mismo año, el Supremo Tribunal Federal rechazó un habeas corpus que buscaba postergar el encarcelamiento de Lula.
Así nació un caso judicial emblemático
La Operación Lava Jato (Lavado de Auto) se inició el 17 de marzo de 2014 y deriva del hecho de que el primer sitio allanado por la Policía Federal Brasileña fue el “lava autos” en la estación de gasolina ‘Posto da Torre’ en Brasilia, usado para lavado de dinero. Decenas de políticos, funcionarios y empresarios fueron acusados de haber participado en una red fraudulenta en torno a la petrolera semiestatal Petrobras. Los fiscales descubrieron que en la red estaban las principales constructoras de Brasil, incluida Odebrecht, que habían formado un cartel para repartirse contratos multimillonarios de Petrobras.
El cambio de suerte
La condena de Lula le impidió correr para la presidencia de Brasil en 2018 y representó, junto con la condena de Marcelo Odebrecht por los múltiples actos de corrupción cometidos por su empresa constructora, dos de los grandes triunfos de la investigación del caso Lava Jato, iniciada en 2014. La condena de Lula fue apenas el primer resultado de uno de los 7 procesos que se le seguían por actos de corrupción efectuados en su mandato.
En 2018, el entonces popularísimo juez Sergio Moro abandonó la toga judicial para incorporarse al gobierno del opositor de Lula, Jair Bolsonaro. Esta designación como ministro de Estado le daba al recién llegado gobierno la imagen de integridad, mientras que a Moro le ofrecía una plataforma nacional para sus evidentes aspiraciones políticas. En Brasil se consideraba que Moro había ayudado a la elección de Bolsonaro al filtrar a los medios de comunicación, en 2016, unas interceptaciones telefónicas de conversaciones de Lula con la entonces presidenta Dilma Rousseff.
En noviembre de 2019, un portal de noticias publicó una serie de comunicaciones entre el juez Moro y los fiscales e investigadores del caso Lava Jato, en las cuales Moro manifestaba su desprecio por Lula, e intercambiaba sugerencias con los fiscales. Esta conducta es considerada ilegal en Brasil y manchó grandemente la reputación de Moro. Unos meses más tarde, en abril de 2020, el exjuez renunciaría a su cargo de ministro de Estado por diferencias con Bolsonaro.
El ‘pretoriano excelso’ interviene
El Supremo Tribunal Federal de Brasil está conformado por 11 magistrados conocidos como ministros, que son designados por el presidente de la República y su término se extiende hasta que cumplan los 75 años de edad. A este tribunal también se le denomina como el “pretoriano excelso”, por la importancia de sus decisiones y el fuerte respaldo jurídico de estas. El 7 de noviembre de 2019, en una votación de 6 votos a favor y 5 en contra, este tribunal declaró que era inconstitucional que una persona condenada en segunda instancia estuviera encarcelada mientras dispusiera de otros recursos judiciales. Esto significó la liberación inmediata de Lula.
Esta decisión no fue la única que rompió con la tradición jurídica brasileña. El 8 de marzo de este año fue un juez de ese mismo Tribunal Supremo quien decidió un habeas corpus que anuló las sentencias de primera instancia del juez Moro contra Lula da Silva, porque según este magistrado, la jurisdicción federal de Curitiba no tenía competencia para juzgar a Lula por un delito cometido en Brasilia, capital federal de Brasil. Esto significa que el caso debe ser enjuiciado nuevamente, pero por un juez federal de Brasilia.
El martes 23 de marzo, la Sala Segunda del Tribunal Supremo decidió, en una votación de 3 a 2, que la actuación del juez Moro había sido parcializada y que se anulaban las evidencias obtenidas por los fiscales del estado de Paraná, en cuya capital funcionaba el despacho del entonces juez Moro. La prensa internacional no registra fecha de juicio o estado de la tramitación de los otros 6 procesos contra Lula.
La muerte de Lava Jato
La operación Lava Jato, iniciada en 2014, fue liquidada por el fiscal general de Brasil, Augusto Aras, quien fue designado en el cargo por Bolsonaro en septiembre de 2019. El 3 de febrero de este año se hizo público el desmantelamiento de la super fiscalía que funcionaba en Curitiba y que había hecho historia a nivel mundial.
¿Por qué murió Lava Jato?
La respuesta corta es que Brasil, al igual que gran parte de América Latina, no tiene una cultura de la legalidad arraigada en su clase política. El seguimiento de Lava Jato significaba seguir desmantelando una red de corrupción empresarial y gubernamental muy bien organizada, que carecía de ideologías y de membresías de partidos políticos.
Moro cometió algunas irregularidades que marcaron y mancharon la lucha contra la corrupción. Contaminó su trabajo al vincularse al gobierno de Bolsonaro y, como ha sido usual con los casos de alto perfil en la región, fuerzas externas y miembros de ese cartel político para el cual Moro era una amenaza, lo hackearon y divulgaron selectivamente lo que les interesaba para deslucir el caso Lava Jato.
Bolsonaro utilizó el repudio popular causado por Lava Jato para sumar voluntades a su oferta política. Su propia actuación ha demostrado que no le interesaba combatir la corrupción, si no conquistar el poder.
Otra vez, América Latina se queda huérfana en materia de justicia.
