El alcalde de Colón, Rolando Alexis Lee, no ha comparecido ante la Fiscalía General Electoral, como lo prometió el pasado 21 de enero, después de saber que esa institución le abrió un proceso por la supuesta comisión de delitos electorales.
Fuentes de la fiscalía informaron que hasta ayer Lee no había concurrido a las instalaciones de la entidad.
La investigación surgió a raíz de unas declaraciones que dio el político para intentar justificar los $3 mil 500 que recibe mensualmente en concepto de gastos de movilización. “El alcalde que no camina termina perdiendo”, manifestó.
Luego de que la Fiscalía General Electoral anunciara la apertura del proceso, Lee escribió lo siguiente en su cuenta de Twitter: “siendo responsables nos presentaremos voluntariamente a la fiscalía electoral para aclarar esta desinformación generada por la entrevista del día de ayer, donde nos referimos a los gastos que utilizamos para trabajar en las comunidades que nos llevaron a este cargo”.
No es la primera vez que el alcalde de Colón incumple una promesa. En septiembre de 2021, dijo que él y 29 de sus colegas, así como unos 170 representantes de corregimientos, se quitarían el privilegio de las licencias con sueldo. Anunció que promoverían una reforma a la ley de descentralización a través de la Comisión de Asuntos Municipales, pero hasta ahora eso no se ha concretado.
Mientras tanto, el contralor Gerardo Solís se reunió ayer con Elsa Fernández, secretaría general de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), para tratar el tema de la fiscalización de salarios y gastos de movilización y de representación de alcaldes y representantes.
De acuerdo con una nota de prensa de la Contraloría, en la reunión se compartieron los avances de un estudio sobre los emolumentos que reciben las autoridades locales. “El estudio se dispuso hace 15 años, en 2007, pero las administraciones posteriores no lo ejecutaron permitiendo aumentos que llegaron hasta los $5 mil en 2019”, dice el comunicado.
Solís fue denunciado ante el Ministerio Público por presuntamente no cumplir con su labor fiscalizadora de los fondos públicos que reciben las autoridades de los gobiernos locales.
En este escenario, la Antai envió recientemente una circular a los alcaldes y representantes de corregimiento del país, en la que les comunicó la obligación de publicar en sus páginas web los subsidios, exoneraciones, gastos de movilización e información presupuestaria detallada.
El alcalde de Panamá, José Luis Fábrega, dijo ayer que en la página web de esa entidad se publica el salario y, según él, el “gasto de movilización” no forma parte del salario de los servidores públicos, ya que este es “una herramienta de trabajo”.
Sus palabras provocaron una nueva oleada de críticas que incluso resonaron en la Asamblea Nacional, donde el diputado independiente Edison Broce lo cuestionó duramente.
Pero, ayer en la tarde, Fábrega publicó un tuit con otro punto de vista de vista: “Esta tarde recibí la nota formal de la Antai en la que nos solicita información sobre los gastos de transporte y movilización del despacho superior. La dirección de Transparencia estará actualizando la web de la Alcaldía con lo solicitado”.
