Hace cinco años que Panamá se sumó a la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), iniciativa que busca promover la transparencia y el combate a la corrupción a través de la tecnología, pero su ejecución hasta ahora ha sido lenta. Solo se han implementado dos planes de acción nacional y uno de ellos, el primero, se desarrolló a medias.
El plan de acción nacional es un componente esencial de la Alianza para el Gobierno Abierto, y resume los compromisos de cada gobierno en lo que se refiere, por ejemplo, a la divulgación de los ingresos y activos de personas que ocupan cargos públicos y políticos para garantizar la transparencia fiscal y la participación ciudadana en el control de la cosa pública. Además, pretende facilitar a la ciudadanía, de manera proactiva, el acceso a la información pública, entre otras cosas.
Víctor Díaz Navarro, especialista en datos abiertos del Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías (Ipandetec), recuerda que el Ejecutivo en la pasada administración elaboró el primer plan de acción nacional 2013-2014, pero no hizo un proceso de consulta con la sociedad civil, tal como lo exige el programa.
Según Díaz, no se trabajó en planes orientados al mejoramiento de los servicios públicos o en la creación de comunidades más seguras, otra de las exigencias de la iniciativa.
Tampoco se le dio seguimiento al cumplimiento de los compromisos, es decir, el avance de Panamá en este esquema solo se limitó a sumarse a la alianza.
NUEVO DOCUMENTO
En este escenario, la gestión actual comenzó desde cero y elaboró un nuevo documento: el segundo plan de acción 2015-2017.
Esta propuesta incluyó 19 compromisos, de los que 10 están dirigidos a mejorar la integridad pública; 2 buscan progresos en la prestación de servicios públicos; 4 están dirigidos a la gestión más efectiva de los recursos oficiales; 2 están orientados a la creación de comunidades más seguras; y 1 va dirigido a la responsabilidad corporativa.
Para Díaz, desde que se estableció el segundo plan, el país ha presentado ciertas mejoras en esta materia, pero hizo la salvedad de que si se compara la situación con el resto de los países de la región, a Panamá“aún le falta mucho”.
Entre los aspectos positivos, destaca la apertura del Estado de trabajar en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, poniendo en práctica uno de los principios fundamentales de esta nueva forma de gestión pública de gobierno abierto: la participación y colaboración con la ciudadanía.
De hecho, más de 40 organizaciones participaron en la elaboración de la misma propuesta, estrategia que adoptaron 21 instituciones públicas, entre las que destacan el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Ambiente y el Tribunal Electoral.
Por ejemplo, la plataforma que usa el Ministerio de Ambiente en su página web miambiente.gob.pa permite a cualquier ciudadano descargar fácilmente información de la entidad.
Otro de los actores de este programa es la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), entidad que facilitó la entrada de Panamá en la Carta Internacional de Datos Abiertos, maniobra para capacitar a las entidades sobre cómo mostrarle de una manera sencilla y práctica la información pública a los ciudadanos que accedan a los sitios de internet. En otras palabras, se diseñó un mecanismo para promover la “alfabetización” de datos entre los servidores públicos y la sociedad civil. Y en esa misma línea, en julio de 2015, el Gobierno, a través de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) y la AIG, inició un proyecto para sensibilizar a los funcionarios de las instituciones públicas en esta materia. La iniciativa fue auspiciada por el departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (Undesa).
Nelly Valdivieso, consultora Nacional de Panamá para Undesa en este proyecto, explicó que los resultados de estos talleres sirvieron como insumo para elaborar un plan de acción, pero esta vez exclusivamente de datos abiertos.
Para Valdivieso, los datos abiertos están relacionados con la filosofía de gobierno abierto, ya que buscan poner a disposición de los ciudadanos los datos que gestiona la administración pública en formatos fáciles de manipular, que sean útiles y reutilizables. La experta asegura que estos deben estar disponibles y accesibles, completos y sin procesar, gratuitos, no discriminatorios, legibles y permanentes.
Según la consultora, se trata del primer plan de datos abiertos 2017-2018, que fue preparado en el mes de septiembre de 2016 y recibió recomendaciones de expertos de Latinoamérica.
Antonio Lam, jefe de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional de la Antai, precisó que algunos de los objetivos que busca este último plan es garantizar la participación ciudadana en el ejercicio de identificación y priorización de los datos gubernamentales.
Dijo, además, que se trabaja en cómo sacar provecho a las tecnologías para contribuir al desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como para mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios públicos y asegurar el uso de los datos gubernamentales.
‘OPEN DATA’
En el año 2014, Panamá ocupó el puesto 88 en el ranking global de Datos Abiertos. Mientras que en 2015 el Open Data Watch, Inc., realizó su reporte anual en el cual evaluó a 125 países, y Panamá fue posicionado en el puesto número 35 en lo que apertura se refiere.
Actualmente, este primer plan de datos abiertos 2017-2018 está en su fase final de revisión y se prevé que sea lanzado en el mes de marzo del presente año, para que luego pase al Ministerio de la Presidencia para su correspondiente aprobación en el Consejo de Gabinete.
LO QUE VIENE
En tanto, la comisión de gobierno abierto, conformada por el Ministerio de la Presidencia, la Secretaría de Metas de la Presidencia y las organizaciones no gubernamentales Afro-Panameña Soy, Fundación Generación Sin Límites y Movimiento Independiente (Movin), celebró una reunión el pasado 30 de enero para discutir la elaboración del tercer plan de acción nacional de gobierno abierto 2017-2019.
En la cita fue presentado un borrador del programa y un cronograma de trabajo para la elaboración del documento. Este proceso comenzó a principios de enero de este año y se espera que culmine en mayo próximo.
